Los abogados de Alicante acusan de irresponsable a la Generalitat
Crece el malestar por la renuncia del Consell a abrir juzgados pese al colapso
El decano del Colegio de Abogado de Alicante, Mariano Caballero, acusó ayer a la Generalitat valenciana "de desidia y falta de responsabilidad" al haber renunciado a abrir 15 nuevos juzgados pese a la situación de colapso que atraviesa la Administración de justicia. Los juzgados valencianos son los segundos que más sobrecarga de trabajo soportan de España, solo por detrás de Andalucía. La valenciana también ha sido la primera autonomía que renuncia a poner en marcha juzgados que ya habían sido acordados por el Ministerio de Justicia. El Consell pidió primero una prórroga de seis meses para abrirlos y posteriormente renunció a ellos de forma definitiva. La decisión ha despertado un fuerte malestar en los estamentos judiciales y llega en un momento delicado, cuando la justicia se dispone a decidir el futuro de una larga lista de cargos públicos en las tres provincias valencianas, acusados de graves delitos de corrupción.
Caballero destaca que nueve de los 15 juzgados suprimidos iban a Alicante
El decano del Colegio de Alicante se unió ayer a las críticas hacia la Generalitat y la Consejería de Justicia, que dirige Rafael Blasco, que han llovido desde el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia, el juez decano de Valencia, el Colegio de Procuradores de Valencia y otros. Caballero destacó ayer la perspectiva alicantina, y denunció que nueve de las 15 unidades judiciales a las que se ha renunciado estaban previstas en la provincia de Alicante, "lo que constituye un agravio más que notable".
El decano recordó que entre las unidades suprimidas figuran tres que iban a abrirse en Torrevieja, Benidorm y Alicante, que son los tres municipios con los juzgados más saturados de España, según una reciente evaluación del Poder Judicial. En Benidorm y La Vila Joiosa, prosiguió, se ha renunciado a reforzar la Administración de justicia cuando se están señalando juicios de primera instancia para el año 2014, según aseguró el máximo representante del órgano colegial.
Los nueve nuevos juzgados que, de acuerdo con la orden del Ministerio de Justicia, tenían que estar operativos en la provincia de Alicante el pasado 30 de junio son los siguientes: Juzgado de Primera Instancia número 13 de Alicante, Primera Instancia número 4 de Benidorm, Primera Instancia número 6 de Dénia, Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Vila Joiosa, Primera Instancia e Instrucción número 4 de Novelda, Primera Instancia número 4 de Torrevieja, Primera Instancia número 7 de Elche, Penal número 4 de Orihuela y Social número 2 de Benidorm.
"No entendemos a qué criterios responde esta actuación de los responsables de la Generalitat, a la hora de establecer prioridades, en cuanto a que unos juzgados sí pudieron crearse antes del 30 de diciembre de 2010, y a fecha de hoy [ayer para el lector], les resulta imposible atender el resto de sus compromisos y obligaciones", explicó Caballero.
Numerosas voces del mundo de la justicia han denunciado en los últimos meses la falta de medios materiales elementales y el recorte de personal de refuerzo por parte del Consell en un momento en que, debido a la crisis, el número de asuntos que llega a los juzgados, especialmente los relacionados con cuestiones económicas y laborales, se ha multiplicado.
Justicia precaria
- Los más saturados. Los juzgados valencianos son los segundos más sobrecargados de trabajo de España, por detrás de Andalucía.
- Renuncia inédita. A pesar del colapso, la Generalitat ha sido la primera autonomía que renuncia a juzgados (a 15) cuya creación ya había sido acordada.
- Falta de medios. La Administración de justicia valenciana padece la falta de medios materiales elementales. Dos ejemplos: Correos suspendió temporalmente el servicio porque el Consell no pagaba; y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha admitido la denuncia de una empresa a la que la Generalitat adeuda 199.000 euros en folios.
- Malestar. La política del Consell ha sido criticada por el poder judicial, el TSJ, el juez decano de Valencia, los sindicatos, el Colegio de Procuradores de Valencia y ahora, por el Colegio de Abogados de Alicante.
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