Latinoamérica y la protección social

El crecimiento económico en Latinoamérica durante la última década ha sido más que destacable. Estos avances, sin embargo, no han tenido similares resultados en aspectos como el de la protección social. De hecho, las últimas cifras sobre pensiones reflejan avances muy marginales. A modo de ejemplo, basta mencionar que el grado de cobertura laboral -el número de trabajadores participantes respecto al total de la población económicamente activa- no supera el 50% en Colombia, México y Perú. Es más, cuando se revisa el caso peruano, se aprecia que esta prácticamente no ha mejorado después de casi veinte años de reforma. En todos estos casos, la informalidad es una variable explicativa clave que en los tres países es muy elevada, llegando en los casos más dramáticos hasta cerca del 70%.

El fuerte crecimiento económico de la región no ha tenido un reflejo en la protección social

En este contexto no es casualidad que gran parte del debate en la región esté centrado en la ampliación de la cobertura de pensiones. En Colombia se mantiene un debate dirigido por el Gobierno respecto a propuestas que tienen como objetivo ampliar la cobertura del sistema en 2011. En el caso de Perú, el programa de gobierno del reciente presidente electo ha venido promoviendo la creación de un esquema no contributivo para atención de la población en edad de retiro laboral, denominado Pensión 65. La idea de este programa es focalizar la ayuda a personas en extrema pobreza con una pensión de 250 soles (aproximadamente, 65 euros), que representa la mitad de la pensión mínima.

Es imprescindible tener en cuenta el elemento inclusivo en los programas de protección social, aunque, lamentablemente, no es lo único a considerar. Un buen diseño de estos programas debiera contar con tres elementos ineludibles: inclusión, sostenibilidad fiscal y eficiencia. Lo primero es la razón de ser de los programas sociales, pero si no se incorpora el concepto de presupuesto estructural, y si no se realiza un análisis serio de las distorsiones generadas producto de las iniciativas que se quieran poner en marcha, poco favor se le termina haciendo en el largo plazo a los pobres a los que se quiere ayudar.

Existen varias experiencias que han fracasado rotundamente por no tener en cuenta esta trinidad. Como señala en sus conclusiones un reciente informe del Banco Mundial sobre protección social, lo peor para un Gobierno es intentar inventarlo todo de una sola vez sin tomar en cuenta los avances progresivos que ya se han venido realizando en función de las reformas. Programas bien focalizados, que partan de menos a más, que permitan evaluar sus avances, corregirlos y eventualmente ampliarlos a los que lo necesitan, son aquellos que pueden tener más éxito en el largo plazo. Las preferencias sociales son importantes como principio básico, pero cuando se llega al nivel de la implementación es esencial adoptar una aproximación pragmática y técnica.

David Tuesta es economista jefe de pensiones de BBVA Research