Trabajo da preferencia a los convenios de empresa frente a los provinciales

Entre los objetivos confesados del Gobierno en la reforma de la negociación colectiva, está el impulso de los convenios de empresa. Es una de las exigencias de Bruselas, del Banco de España y del FMI. Para lograrlo, el Ministerio de Trabajo va a dar preferencia a estos convenios frente a los provinciales en la reforma de la negociación colectiva que el Consejo de Ministros aprobará el viernes, según fuentes del propio departamento. El resto de ámbitos de negociación -el autonómico y el sectorial estatal- mantendrán su jerarquía actual en la norma. Es decir, en caso de contradicción entre lo que digan estos convenios y los de empresa, primará lo que digan los primeros.

Con esta maniobra, Trabajo no busca solo impulsar los convenios de empresa, sino ir orillando poco a poco a los provinciales, admiten en el departamento que dirige Valeriano Gómez. Al rebajar la jerarquía de esos últimos, el ministerio estimula a sindicatos y patronos a negociar pactos en las empresas y sectores. Si el Gobierno escoge esta vía, es porque, como en el caso de los arbitrajes, la ley no puede dictar directamente la eliminación del ámbito provincial de la negociación colectiva. Eso sería inconstitucional.

Gómez se reúne con UGT, CC OO y CEOE para explicarles la reforma

La teoría económica dice que la negociación colectiva tiene mejores resultados cuando está más centralizada o más atomizada en las empresas. En el primer caso, propio de los países nórdicos, los negociadores tienen más en cuenta la realidad económica del país; en el segundo, un modelo más anglosajón, la de las empresas. España, en cambio, se queda a mitad de camino. El nivel de negociación y convenios que predomina es el provincial. En este ámbito fue en el que se fijaron las condiciones laborales para más de la mitad de los trabajadores con convenio y para más del 70% de las empresas en 2010.

En concreto, el decreto ley que el Consejo de Ministros aprobará el próximo viernes detallará los temas en que lo que diga el convenio de empresa frente al provincial: jornada, distribución de horarios, formación o salarios. Y, al contrario de lo que sucede ahora, las condiciones que se fijen podrán ser a la baja respecto a los que hayan pactado los negociadores provinciales. No será así en el caso de los convenios autonómicos o sectoriales estatales.

Esta modificación puede suponer un terremoto en la negociación colectiva de sectores como el metal o la construcción. En el primer caso, no existe un convenio estatal, sino 50 convenios provinciales. Menos traumática sería la aplicación de la reforma en el sector químico, puesto como ejemplo por muchos estudiosos de la negociación colectiva. En esta industria hay un pacto estatal que luego se vertebra en las diferentes empresas.

Este cambio también parte, en buena medida, del consenso fallido que sindicatos y empresarios alcanzaron en las conversaciones que mantuvieron durante cuatro meses, hasta que descarrilaron la semana pasada. A él habría que sumar otras modificaciones sustanciales como el impulso de la mediación y arbitrajes (la diferencia entre un mediador y un árbitro es que la solución que propone el primero tiene que ser aceptada por las partes, y la que propone el segundo se tiene que acatar) para resolver de forma extrajudicial los conflictos laborales.

Del detalle y la redacción de la reforma tuvieron conocimiento ayer los agentes sociales, que recibieron el borrador del decreto ley, apuntan fuentes sindicales. Entre hoy y mañana, Trabajo se reunirá con los líderes de sindicatos y patronal para conocer su opinión del borrador. La intención del ministerio es implicarlos al máximo en la reforma pese a que no ha habido pacto. De esto depende, en gran parte, el éxito o el fracaso de la última gran reforma del Gobierno de Zapatero.

Por otra parte, ayer el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, cuantificó el impacto del plan de choque para estimular la contratación a tiempo parcial. En una comparecencia en el Senado, Gómez cifró en medio millón el número de contratos para jóvenes que se han firmado desde que se puso en marcha el plan el pasado 13 de febrero, informa Europa Press.