Análisis:Los recortes de los populares
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

Unos mandamientos que nadie cumple

Aunque pudiera parecerlo tras escuchar a Mariano Rajoy en su primera conferencia de prensa después de mucho tiempo, el Partido Popular no llega ahora al poder autonómico tras el éxito electoral del 22-M. En muchas comunidades autónomas, los populares gobiernan desde hace más de 10 años y, por tanto, tienen acreditada experiencia en la gestión.

Por eso, el supuesto programa de Gobierno que el líder del PP expuso ayer como si fueran los 10 mandamientos que deben cumplir sus presidentes autonómicos se puede juzgar a la luz de lo que han hecho los Ejecutivos del Partido Popular en Madrid, Comunidad Valenciana o Murcia.

- Austeridad. "Se fijará para las comunidades autónomas un techo de gasto no financiero en línea con el definido para los Presupuestos Generales del Estado". El Gobierno socialista también impuso unos límites de déficit a las comunidades autónomas que se ha saltado, con creces, Murcia, donde el PP gobierna con mayoría aplastante desde hace muchos años. Lo hizo en 2010 y mantuvo ese incumplimiento en el primer trimestre de 2011.

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- Máximo 10 consejerías. "Limitar el número de consejerías a un máximo de 10 por comunidad autónoma". El Gobierno de Francisco Camps tiene 13 consejerías en la Comunidad Valenciana y ni siquiera en el peor momento de la crisis fue capaz de reducirlas, como sí hicieron otras autonomías, como Madrid, con Esperanza Aguirre. También redujo consejerías el Gobierno socialista de José María Barreda en Castilla-La Mancha, que pasó de 10 a siete, con lo que Dolores de Cospedal, la futura presidenta de esa autonomía, tiene el trabajo hecho.

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- Reducción de los gastos de representación y publicidad. El problema del despilfarro en autobombo afecta a algunos Gobiernos autónomos del PP, como el de Madrid, que llegó a gastar en un año 172 millones de euros en publicidad, el récord autonómico. Ese mismo Ejecutivo, para su particular representación, llegó a pagar varios millones de euros a la red Gürtel por actos institucionales que presidía Esperanza Aguirre a razón de uno cada tres días.

- Transparencia. El Partido Popular propone ahora, según las pautas de Gobierno que dictó ayer Mariano Rajoy, el desarrollo de un "portal de la transparencia que dé un acceso permanente y sencillo a los ciudadanos a todos los procedimientos de información de las Administraciones públicas".

El Gobierno valenciano ha sido condenado en tres ocasiones por el Tribunal Constitucional por negar información a la oposición en el Parlamento sobre las finanzas públicas valencianas, contratos y distintas adjudicaciones. El PP de Mariano Rajoy nunca ordenó a sus subordinados de Valencia que cumplieran el mandato del Tribunal Constitucional ni les reprochó la falta de transparencia. Además, el Tribunal de Cuentas de la Comunidad Valenciana ha puesto de manifiesto múltiples irregularidades en la contratación pública de esta comunidad autónoma, como en adjudicaciones a empresas de la red Gürtel, que no han sido corregidas.

- Compromiso de no subir impuestos. El PP de Mariano Rajoy promete no subir impuestos en las autonomías y municipios donde gobierna. También lo hizo hace cuatro años, pero el Ayuntamiento de Madrid, el más poblado de cuantos gobierna el PP, subió el principal impuesto municipal (de bienes inmuebles) muy por encima de la inflación y creó una nueva tasa de basura durante el último mandato de Ruiz-Gallardón.

- Plan especial de lucha contra la morosidad y de disposición de fondos. Rajoy pretende que las autonomías donde gobierna "minimicen los tiempos de pago a los proveedores y cumplir la ley de morosidad". En el Ayuntamiento de Madrid, el impago a empresas contratistas estuvo a punto de dejar las calles sin servicio de limpieza y recogida de basura. En la Comunidad Valenciana, el Gobierno de Camps adeuda 1.300 millones de euros a los proveedores de material sanitario.

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