La 'comisión De Miguel' centra sus nuevas pesquisas en la operación de Santurzi
Los exconsejeros de Sprilur comparecerán para aclarar la compra de terrenos
La comisión del Parlamento que indaga sobre las supuestas tramas de corrupción urbanística y de espionaje conocidas como los casos De Miguel y Tellería entrará de lleno ahora en la compra de terrenos de la sociedad pública Sprilur en Santurtzi. La operación está siendo investigada por la justicia tras una denuncia del Gobierno por malversación de caudales. La mayoría de las nueve comparecencias previstas para este mes corresponden a este apartado: de esta forma, serán citados los excomponentes del Consejo de Administración de Sprilur, presidido por el entonces director general de la Spri, Mauri Lazkano. El PNV se opuso a estas citaciones en la reunión de ayer de la comisión.
La operación de Santurtzi no guarda relación, en principio, con la presunta trama de corrupción que tenía como supuesto cerebro al exdiputado foral alavés Alfredo de Miguel, del PNV. El Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao investiga por qué Sprilur compró varias hectáreas de suelo rústico en dicha localidad vizcaína a un precio muy superior al del mercado cuando no había planes de realizar allí un polígono industrial.
Socialistas y PP exigen al PNV que cambie de discurso sobre el espionaje
La operación ha supuesto un quebranto económico de unos 3,1 millones para las arcas públicas. En su comparecencia ante la comisión del Parlamento en mayo pasado, el exdirector de Sprilur, Antton Zubiaurre, no aclaró lo ocurrido.
El entonces dueño de los terrenos es primo del presidente del PNV de Vizcaya, Andoni Ortuzar. De dicha cantidad, cerca de 460.000 euros fueron pagados con un talón al portador, una práctica poco habitual en las transacciones con las Administración pública. Dicho talón acabó en manos del intermediario de la operación, el administrador de Avalancha Proyectos.
Además de las citaciones por la operación de Santurtzi, también está prevista alguna más para complementar la investigación sobre el presunto intento de extorsión en torno a la operación de ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, uno de los puntos clave del caso De Miguel. La comisión no precisó públicamente los nombre de las nueve personas a las que citará.
El presidente de la comisión, Juan José Agirrezabala, de EA, explicó que de momento los parlamentarios no citarán a nadie para esclarecer la otra operación urbanística pendiente de esclarecer, la fallida gran recalificación de terrenos en el Ayuntamiento de Zambrana. El Parlamento da por "zanjada al 99%" esta parte de la investigación tras analizar la documentación facilitada por la comisión de las Juntas Generales alavesas que indagó sobre lo ocurrido.
A la espera de contactar con todas las personas a las que se quiere citar, el calendario prevé tres comparecencias el próximo día 17 y otras tantas los días 20 y el 27. El 1 de julio, la comisión evaluará si hace falta escuchar más testimonios o si ya puede empezar a elaborar el dictamen final. Agirrezabala concretó que han solicitado habilitar el mes de julio para seguir trabajando. La aprobación del dictamen definitivo, añadió, probablemente no llegará hasta después del verano.
Preservando su papel institucional, Agirrezabala no quiso comentar el hecho de que el exdirigente del PNV alavés Aitor Tellería y dos ertzainas se vayan a sentar en el banquillo de acusados por el caso de presunto espionaje político, como adelantó ayer EL PAÍS.
Mientras, dirigentes del PSE y PP consideraron ayer que el PNV no puede seguir a la defensiva tras confirmarse que habrá juicio en esta causa. "Es repugnante que dirigentes de partidos políticos hayan podido espiar a sus rivales", afirmó el secretario general del grupo socialista y miembro de la comisión, Óscar Rodríguez. Y añadió, en referencia a los peneuvistas, que algunos deberían "hacer un mínimo de ejercicio de humildad y, por vergüenza, empeñarse en enmendar su actitud".
El popular Carmelo Barrio, también comisionado, argumentó que, más allá de las consecuencias jurídicas y penales que se desprendan de la causa, "los miembros de esta supuesta trama demuestran un déficit muy importante en los principios éticos que deben guiar la acción política". Barrio pidió al PNV que reconozca sus "errores" en la gestión del partido en Alava. "Es el momento de que el PNV alavés asuma su responsabilidad y pida disculpas", concluyó.
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