Rumbo vacilante

La corrección del déficit público es una de las exigencias ineludibles para mantener la solvencia de la deuda española en niveles aceptables. Los inversores vigilan atentamente la ejecución presupuestaria para comprobar si el Gobierno español cumple con los planes de ajuste comprometidos en Bruselas. La vicepresidenta Salgado presentó ayer unas cuentas de la Administraciones públicas correspondientes a los primeros meses del año que cumplen las expectativas de austeridad, pero no alejan del todo la sensación de que las comunidades están solo parcialmente implicadas en el control del gasto. Mientras el Estado presentaba un déficit del 0,22% del PIB en el primer cuatrimestre de 2011, el conjunto de las autonomías tenía un déficit trimestral del 0,46% del PIB, tasa que, elevada a anual, superaría el límite del 1,3% establecido.

La Generalitat catalana presentó, además, un Presupuesto para 2011 que duplica el límite del 1,3% de déficit permitido, a pesar de que las cuentas autonómicas presentan una reducción del gasto del 10%. Los recortes del gasto que se aplicarán en sanidad y educación han sido muy protestados (y con razón) por la opinión pública catalana, pero es evidente que la austeridad fiscal tiene que aplicarse en todos los presupuestos autonómicos sin excepción.

Quienes exigen desde las consejerías autonómicas o desde el Gobierno que no se recorten los gastos sociales, tendrían más credibilidad si, en periodos de elevado crecimiento económico y alta recaudación fiscal, hubieran defendido con el mismo énfasis la necesidad de superávits primarios en el presupuesto. Y deberían exigir el recorte drástico o la desaparición de las partidas que no contribuyan a los gastos sociales y a la inversión. Tienen muchas donde elegir. Las Administraciones autonómicas han crecido desmesuradamente en los últimos años, hasta convertirse en algunos casos en cortes suntuarias cuyo coste para los ciudadanos es prohibitivo.

Por lo tanto, el control estricto del déficit que el Gobierno debe exigirse a sí mismo y reclamar al resto de las estructuras regionales tiene que servir en teoría para cercenar el coste de las Administraciones autonómicas. La tarea es difícil, porque no puede hacerse sin enfrentamientos con los poderes autonómicos; y más ahora, con una mayoría de autonomías en manos de la oposición y la percepción de que el Gobierno central ha perdido margen de presión. Los acreedores de los activos financieros españoles temen que la deuda autonómica se desborde y comprometa un poco más la estabilidad de los balances bancarios del país.

La vicepresidenta es optimista y entiende que en el curso de 2011 se rectificarán los excesos de gasto que los déficits actuales parecen proyectar para el conjunto del año. Hay que confiar en que las autonomías cumplirán sus compromisos, pero no es buena idea fiarlo todo solo a la confianza. Los controles periódicos y las advertencias públicas también son un instrumento imprescindible de gestión pública.