El Gobierno crea un organismo arbitral sobre las contrataciones públicas

En un momento en el que la Administración pública sigue siendo un pilar básico para sostener la economía, a base de incentivar el consumo e invertir en grandes infraestructuras, la transparencia en los procesos de adjudicación de sus contratos cobra una especial relevancia. De hecho, uno de los principales reproches que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas repite en sus informes de auditoría sobre la labor del Gobierno, Ayuntamientos y Diputaciones son las irregularidades o los incumplimientos de la normativa a la hora de contratar.

Esa falta de transparencia se deriva en buena medida del hecho de que son las propias Administraciones las que adjudican los contratos y las que resuelven los recursos y las impugnaciones que puedan presentar los adjudicatarios discrepantes. Es decir, que el sector público es, a la vez, juez y parte.

Hasta ahora, las Administraciones eran juez y parte en las adjudicaciones

Las Diputaciones y el Ayuntamiento de Bilbao quieren sus propios tribunales

El Ejecutivo quiere corregir esa situación de indefensión de las empresas y nombrará hoy a José Antonio Ausín Unzurrunzaga (Zumarraga, 1958), abogado y funcionario vinculado profesionalmente a la contratación pública desde hace 25 años, como responsable del nuevo Órgano Administrativo de Recursos Contractuales, cuya puesta en marcha aprobará el Consejo de Gobierno en su reunión de hoy. Sera este un organismo independiente del Gobierno al que las empresas podrán recurrir como paso previo a reclamar ante la jurisdicción de lo Contencioso.

Las sociedades que pugnan por contratos públicos y que veían muchas veces mermados sus derechos al no disponer de una primera instancia independiente a la que pedir explicaciones o un informe concreto, podrán hacerlo desde el próximo lunes, una vez se publique la norma correspondiente en el Boletín Oficial del País Vasco.

La creación de este órgano y sus funciones están impulsados por una Directiva Europea de 2007 que ya apreciaba esa disfunción en los Estados miembros y que había mostrado en repetidas ocasiones su preocupación por la falta de seguridad jurídica en la que se encontraban los licitadores cuando se presentaban a procedimientos de adjudicación.

En principio, el nuevo órgano recibirá los recursos e impugnaciones a las adjudicaciones de contratos de suministros, servicios y obras del Gobierno, los Ayuntamientos y las Diputaciones, aunque estas, y también el consistorio bilbaíno, han comunicado al Ejecutivo su intención de tener sus propios organismos arbitrales en esta materia.

La legislación establece que las Diputaciones y los Ayuntamientos de más de 50.000 habitantes están habilitados para ponerlos en marcha. "En tiempos de crisis no parece muy coherente crear cuatro órganos para dirimir este tipo de problemas", replicó ayer en declaraciones a EL PAÍS el director de Patrimonio del Gobierno, Ignacio Alday. De hecho, el Ejecutivo ha optado por un órgano y no por un tribunal para abaratar costes de personal y esperar, antes de ampliar su plantilla, a ver el volumen de recursos que genera la actividad contractual.

"Posiblemente, la existencia del nuevo órgano, que es diferente a un arbitraje, va a incentivar que más empresas se presenten a procesos de adjudicación, ya que va a ganar en transparencia", señaló a este periódico el propio Ausín. Al aumentar la concurrencia es posible que también crezcan los conflictos, pero su resolución será ahora independiente de la Administración.

El órgano completa el trabajo de Economía para facilitar a las empresas licitar en igualdad de condiciones, a través del Perfil del Contratante. Esta herramienta ha permitido a firmas con su sede fuera de Euskadi optar a concursos en la comunidad autónoma al convertirse en una plataforma única que gestiona los perfiles de la contratación pública vasca.