El juez cifra el agujero patrimonial de Clesa en más de 800 millones

La crisis del imperio de Nueva Rumasa empieza a arrojar cifras voluminosas. El patrón del grupo, José María Ruiz-Mateos, admitió el pasado miércoles una deuda de 1.200 millones de euros, de los que 250 correspondían a los titulares de los pagarés. Cinco días después, la cifra puede haber caducado. Al menos, según los cálculos del juez. Solo Clesa, aunque la principal empresa del conglomerado de empresas, acumula un pasivo de 1.112 millones de euros, casi el triple que su activo, de 304 millones. Es decir, que el agujero patrimonial de la compañía alcanza unos 807 millones, según calcula el titular del Juzgado número 6 de Madrid, que ha declarado el concurso voluntario (o suspensión de pagos) de la compañía.

A pesar de solicitar la declaración de insolvencia de forma voluntaria, el juez ha decidido apartar de la gestión a la familia Ruiz-Mateos porque considera que, a la vista de la documentación contable, la administración social "ha adoptado decisiones empresariales perjudiciales para el patrimonio de la concursada, incrementando cada año el importe del pasivo".

Además, según explica el auto del juez, la complicada situación financiera de Clesa "se ha visto agravada por la existencia de numerosas operaciones de afianzamiento a favor de empresas ajenas a la concursada y sin más vínculos entre ellas -salvo en los escasos supuestos de participaciones directas mayoritarias- que los personales o familiares entre sus directivos". Esta práctica ha llevado a multiplicar por cuatro el pasivo de explotación ordinaria de la empresa concursada, según el juez.

En esta línea, Nueva Rumasa replicó ayer en un comunicado que el pasivo directo de Clesa se sitúa en 293,5 millones de euros, en tanto que otros 766,58 millones corresponden a "riesgos indirectos de otras sociedades". La compañía sostiene que el pasivo citado por el juez "no es real", argumentando que "en muchas ocasiones" está duplicado. Álvaro Ruiz-Mateos será quien tenga que comparecer en el juzgado cuantas veces sea requerido por ser quien durante los dos últimos años ha actuado como administrador de esta empresa.

El segundo derrumbe empresarial de Ruiz-Mateos, después de la bancarrota e intervención de los ochenta, incluye 25 procedimientos y la suspensión de pagos de varias empresas además de Clesa, como Dhul (con un pasivo de 150,8 millones de euros frente a un activo de 54,06), Carcesa, Hotasa, Cacaolat o Elgorriaga. El fondo de alto riesgo Cerberus ha comprado parte del pasivo que el Santander y Banesto tienen en el conglomerado de Nueva Rumasa.

En el caso de Clesa, el magistrado, Francisco Javier Vaquer, también ve "aconsejable" retirar a los gestores "para la protección de los intereses de la masa, así como para la protección y conservación de los bienes y derechos durante el tiempo en el que la compañía se encontrará en concurso de acreedores".

Los administradores concursales de Clesa y, a partir de ahora, sus gestores, serán al abogado Ángel José Rojo, Luis Pérez, como auditor, y la Agencia Tributaria, como acreedor.

La declaración de concurso se comunicará a los registros de la propiedad con relación a un total de 25 fincas, así como al registro de bienes muebles de Pontevedra en relación con un total de 260 vehículos y 30 máquinas. También se remitirá el auto a la Oficina Española de Patentes y Marcas para 68 marcas entre las que no figura Clesa porque no es propiedad de la firma sino de otras sociedades de la familia Ruiz-Mateos.

Los representantes de los trabajadores creen que la declaración de concurso de Clesa supone un paso más hacia "la salida del túnel". El portavoz de Comisiones Obreras en la empresa, Luis Muñoz, manifestó en declaraciones a Europa Press que los empleados están "engañados, saqueados, indignados y casi aniquilados" y sospechan, que no se conoce "realmente" la deuda de la empresa.

De momento, el dueño del grupo ya ha admitido que no podrá hacer frente a los pagarés "por dificultades sobrevenidas a la emisión de esos pagarés". La Fiscalía Anticorrupción ha tomado cartas en el asunto al sospechar que estos pueden haber servido para blanquear dinero negro y que los hayan utilizado para lavar fondos opacos.