Mubarak y sus hijos serán juzgados por la muerte de manifestantes

Muchos son los que esperan que el rais Hosni Mubarak tenga que presentar credenciales ante Alá por sus quehaceres de los últimos 30 años. Pero el juicio de Dios puede esperar mientras al de los hombres parece haberle llegado ya la hora. La fiscalía egipcia acusó ayer formalmente al exmandatario y ha pedido su comparecencia ante la Corte por el asesinato deliberado de 846 manifestantes. Los mismos que fueron atropellados, gaseados y que recibieron disparos en la cabeza y en el pecho durante los 18 días que duraron las protestas contra su Gobierno entre el 25 de enero y el 11 de febrero pasados. Aquel viernes de febrero, el faraón, obligado por las circunstancias y el Ejército, que le dejó caer de su trono, tuvo que abandonar el poder que había ostentado las últimas tres décadas. Así empezaba un exilio en su retiro de Sharm el Sheij que dura hasta hoy. Sus hijos, Alaa y Gamal, también han sido citados por la fiscalía.

En 18 días de revueltas contra el régimen murieron 846 personas

Un día antes de su arresto, el 13 de abril, Mubarak tuvo que ser hospitalizado tras sufrir una crisis cardiaca mientras era interrogado, por lo que permaneció detenido en un hospital de esa localidad costera del mar Rojo. La prisión de Tora, destino final de Mubarak, acoge ya a sus hijos. Alaa y Gamal (este último era el que se perfilaba con más posibilidades para sustituir al rais al frente del país), han recibido igual que Mubarak la orden de presentarse ante el Tribunal Penal de El Cairo. Los tres ya están acusados, ahora formalmente, de tres delitos de corrupción: tráfico de influencias, daños premeditados a los fondos del Estado y enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía General, que ordenó su detención el pasado 13 de abril, les ha pedido que comparezcan ante la Corte para rendir cuentas por estos delitos, de modo que su detención, que hasta ahora era preventiva y debía renovarse cada 15 días, es ahora indefinida. En un comunicado publicado en la página de Facebook del Ministerio Público, el fiscal general Abdel Meguid Mahmud les acusó de estar relacionados con el asesinato de manifestantes durante la revolución del 25 de enero. Además señaló que los acusados están involucrados en las exportaciones de gas a Israel, que permitieron la venta del combustible a un precio del 70% por debajo de su valor de mercado, malgastando los fondos del Estado y obteniendo ilegalmente beneficios económicos.

Hosni Mubarak participó, según el comunicado, junto al exministro del Interior Habib el Adly -cuyo juicio por la misma causa ha sido aplazado dos veces- y algunos funcionarios policiales de rango superior, en el asesinato e intento de asesinato de manifestantes pacíficos en diversas partes del país. Un informe de la comisión oficial creada para investigar la represión de la revuelta, concluyó que hubo 846 muertos por agresiones de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones.