Rosell trata hoy de vencer el recelo de la CEOE al acuerdo de convenios

La patronal tiene la llave de los convenios en su mano. La junta de la CEOE despejará hoy si el acuerdo de negociación colectiva con los sindicatos se plasma de una vez en un apretón de manos o se abandona definitivamente para que sea el Gobierno el que legisle por su cuenta. La decisión pondrá a prueba la legitimidad del presidente de la CEOE, Juan Rosell, ante a los empresarios que lo han elegido. Porque frente a las voces críticas que han emergido últimamente entre el empresariado contra un eventual pacto de convenios, Rosell aceptó ayer mismo fotografiarse sonriente junto a los líderes de Comisiones Obreras y UGT y divulgar esa imagen.

Cándido Méndez (UGT) e Ignacio Fernández Toxo (CC OO) se reunieron en la sede de CEOE durante más de cuatro horas con Rosell y su secretario general, José María Lacasa, para tomar el pulso de la negociación tras una semana de parálisis. Pero en ese paréntesis ha ocurrido un hecho crucial: las elecciones autonómicas y municipales, que han desplomado el poder socialista y permiten vaticinar una próxima victoria del Partido Popular en las elecciones generales. Y hay empresarios que preferirían esperar a ese momento para contar con una reforma de los convenios más dura que la que puedan firmar ahora con los sindicatos. Ayer mismo, la patronal de empresarios madrileños elaboró un documento con las líneas rojas que, en su opinión, Rosell no debería traspasar.

Tras el resultado electoral, la tentación de romper es mayor

Habrá un indicador trimestral de absentismo laboral para corregirlo

El viaje de los sindicatos a Atenas para participar en el congreso de la Confederación Europea de Sindicatos, celebrado la semana pasada en la capital griega, interrumpió los contactos, que ya parecían apuntar al acuerdo, y dejó espacio para las discrepancias en el seno de la CEOE. La patronal celebró una junta el jueves en la que emergió el rechazo de dirigentes empresariales al acuerdo que están perfilando los negociadores. Estos sectores pedían iniciativas más contundentes que las que hay sobre la mesa para reformar los convenios por primera vez en 30 años.

Una semana después de ese encuentro, la junta vuelve a reunirse hoy para ver si se han diluido esas tensiones o si, por el contrario, el rechazo patronal al germen de acuerdo es generalizado. Esa respuesta implicaría automáticamente un abandono de la negociación, que ya se ha demorado más de dos meses respecto a la fecha prevista. Entraría entonces en escena el Ejecutivo, que ha comprometido ante Bruselas la reforma de la negociación colectiva como una de las mayores tareas pendientes.

Lo que patronal y sindicatos intentan pactar incluye como principal novedad un mecanismo de desbloqueo de la negociación colectiva. Cada convenio tendrá que contemplar un plazo máximo de diálogo entre empresa y trabajadores para renovarlo. Si no hay acuerdo, actuarán los mediadores o los árbitros, que dictarán resolución, como hizo Manuel Pimentel en el conflicto de los controladores aéreos.

Como medida de flexibilidad, las empresas sometidas al convenio sectorial podrán abrir uno propio en cualquier momento, incluso antes de que venza el sectorial. Eso permitirá fijar condiciones diferentes a las sectoriales, aunque requerirá, eso sí, el acuerdo de empresa y sindicatos. La flexibilidad interna para adaptarse a las dificultades constituye la clave de esta reforma.

El elemento más novedoso radica en la introducción del absentismo injustificado como parte del pacto. A instancias de la patronal, las empresas contarán con un indicador trimestral de absentismo para saber cómo evolucionan las ausencias injustificadas al trabajo. El borrador de ese apartado, al que ha tenido acceso este periódico, recoge la elaboración trimestral de "un ratio de evaluación, tanto en el sector público como en el privado, de forma que puedan adoptarse las medidas correctoras adecuadas". El documento no aclara quién se hará cargo de este indicador, que sería pionero en las cifras españolas del mercado laboral.

El texto recoge otro logro para la CEOE. Se trata de la tan reclamada rebaja de cuotas sociales. Con lenguaje alambicado, se insta a revisar los resultados de este acuerdo y, "con vistas a los Presupuestos de 2012", hacer un "ajuste" (es decir, rebaja) "de cotizaciones por contingencias profesionales". En la práctica, el Gobierno puede llegar a aceptarla a cambio de destinar ese ahorro a la creación del fondo austriaco para financiar despidos. Este instrumento, contemplado en la reforma laboral, debería estar en vigor el año próximo.

El acuerdo fomenta la participación de las mutuas, hasta ahora dedicadas a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, en las enfermedades comunes. Sin otorgar bajas ni altas, estas empresas, que gestionan recursos públicos, colaborarán con la Seguridad Social y los servicios de salud en "el acortamiento del tiempo de recuperación de la salud, con el consiguiente efecto derivado sobre los costes empresariales", por ejemplo prestando sus servicios para la pronta recuperación del paciente.

La ventaja sindical en este terreno consiste en ganar representación en las mutuas, de cuyas decisiones ahora no participan.