Una victoria clara, un futuro incierto

Cuando el presidente de la Generalitat atraviese hoy la puerta de su despacho en la calle de Cavallers de Valencia, tras la satisfacción de la pasada noche electoral, se encontrará con un montón de carpetas, informes y decisiones que tomar. Y lo hará con el respaldo claro y contundente del electorado valenciano, pese a que pierde cuatro puntos porcentuales de voto respecto a 2007 por el desgaste de la corrupción y la gestión realizada.

Desde hace más de dos años, cuando estalló el caso Gürtel, Francisco Camps ha tomado las decisiones sobre la marcha, marcándose siempre objetivos a corto plazo y superando los obstáculos uno a uno. Primero se amarró al mástil del Palau para evitar que los escándalos le arrancasen la dimisión, luego peleó para que su propio partido le mantuviese la confianza y el mando y, finalmente, ha echado el resto para lograr una mayoría como la de ayer. Pero nunca antes había saboreado una victoria como esta, su tercera mayoría absoluta, con una coyuntura personal y económica tan adversa.

La precaria situación de las arcas públicas y la situación judicial del PP condicionan el mandato

Las dos primeras prioridades que tendrá que atender Camps son la enorme deuda acumulada por la Generalitat, que lastra los pagos a los proveedores y la prestación de servicios públicos, y su propia situación judicial y la de su partido. Con la Administración valenciana inmersa en un plan de estabilidad financiera, sin capacidad adicional de endeudamiento (a finales de 2010 se debían más de 17.600 millones de euros) y con dificultades para colocar la deuda autorizada (en la última emisión se han cubierto 720 de los 900 millones previstos), Camps tendrá que acelerar la reestructuración de la Generalitat y la entrada del sector privado en los servicios que más gasto ocasionan -sanidad, educación e infraestructuras-. E iniciar los recortes de gasto que ya han empezado a adoptar autonomías vecinas, como Murcia y Cataluña, y que difícilmente se podrán retrasar más, aunque el entorno de Camps confía en que algunos de los tratamientos de caballo previstos, como la reestructuración de Canal 9-Ràdio Televisió Valenciana, se podrá posponer hasta después de las elecciones generales del próximo año.

Con estos condicionantes, el reelegido presidente de la Generalitat ya tiene esbozada la estructura de su nuevo Gobierno, que atiende las principales reivindicaciones de las organizaciones empresariales. Es decir: menos Administración, más privatización y un modelo educativo vinculado a las necesidades del mercado de trabajo. Un proyecto para el que contará con un buen número de caras conocidas, sabido como es que Camps presume de no haber echado a nadie de sus Gobiernos. La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, el vicepresidente Vicente Rambla y el consejero Rafael Blasco son algunos de los puntales en los que, presumiblemente, se sustentará Camps para impulsar la gestión del nuevo Gabinete, que tendrá que nombrar a finales del próximo mes de junio.

Pero la principal preocupación para el reelegido presidente de la Generalitat no estará dentro de su despacho, sino fuera. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana adoptará en los próximos días dos decisiones trascendentales: propondrá la apertura de juicio oral contra Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret por el caso de los trajes y se declarará competente para investigar la supuesta financiación irregular del PP regional tras la inhibición del juez Antonio Pedreira que instruye el caso Gürtel en Madrid.

Los problemas con la justicia, que previsiblemente se prolongarán durante años, condicionarán no solo la gestión de Camps y su nuevo Consell, sino también el futuro del PP regional. En las Cortes Valencianas ya están presentes los posibles relevos del jefe del Consell, que hoy por hoy no son otros que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el de Castellón, Alberto Fabra; y el presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus. Y eso pese a que Camps logra un escaño más, 55, que hace cuatro años. Pero las imputaciones judiciales tienen también repercusiones fuera del territorio valenciano. Sobre todo ante un Mariano Rajoy que confía en alcanzar dentro de un año la presidencia del Gobierno sin sobresaltos y que ha reducido al mínimo los encuentros públicos con Camps desde que volvió a ser imputado.

La victoria en Castilla-La Mancha de María Dolores de Cospedal, que ya ha anunciado que no renunciará a la secretaría general del PP y que mantiene unas relaciones tirantes con el jefe del Consell; de José Ramón Bauzá en Baleares, que ha hecho limpieza de imputados en las listas; y el acercamiento de Rajoy a Artur Mas en Cataluña; complican también las relaciones del presidente de la Generalitat con los Gobiernos vecinos y disminuyen su influencia en la política estatal.

Una situación que puede dificultar la llegada a puerto de la segunda reforma del Estatut d'Autonomia, impulsada por Camps para incluir una nueva disposición adicional que obliga al Gobierno central a invertir durante los próximos siete años conforme al porcentaje de población. Un cambio aprobado con los votos del PP y el PSPV al final de la legislatura pasada y que requiere, de nuevo, el visto bueno de las Cortes Generales y la convocatoria de un referéndum, para no ser devuelto a los corrales.

Desde el punto de vista territorial, Camps también tiene el reto de restañar las heridas abiertas en la provincia de Alicante, donde las numerosas escisiones locales del PP han despertado la preocupación de un buen número de cargos, nada sospechosos de zaplanismo, como Barberá o el propio Rus, que mantiene las líneas de comunicación abiertas con su homólogo alicantino, José Joaquín Ripoll. Y es un reto que tampoco se puede aplazar, ya que la voluntad de Camps para cerrar o no el conflicto se pondrá a prueba en breve con el proceso de elección del presidente de la Diputación de Alicante. Cargo en el que aspira a repetir José Joaquín Ripoll, imputado en el caso Brugal, y enfrentado a la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, también salpicada por el caso de las basuras junto con su antecesor Luis Díaz Alperi.

Otra de las cuestiones, y no menor, que el presidente de la Generalitat tendrá que decidir de inmediato es cómo afronta sus relaciones con la oposición socialista, con la que dinamitó todos los puentes en la pasada legislatura. A partir de ahora, ya no se tendrá que enfrentar con Ángel Luna, sino con el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, que ha realizado una campaña electoral centrada en recuperar los valores éticos y de lucha contra la corrupción y que no parece dispuesto a dejar ese hilo argumental en la VIII legislatura que ahora se inicia. También será interesante comprobar qué relaciones mantiene con Compromís, un grupo parlamentario al que dio por desahuciado durante meses en sus intervenciones en el Parlamento, y que ha sido la gran sorpresa de estas elecciones.

La primera pista la dará con la constitución de la Mesa de las Cortes, donde evidenciará qué clima institucional pretende imprimir en los primeros compases de la VIII legislatura.

En cualquier caso, mientras asume la toma de decisiones, el triunfante presidente de la Generalitat tendrá tiempo para recibir los aplausos de los órganos de gobierno del PP, tanto en Valencia como en Madrid, que ahora ya saben que quien resiste, gana.