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Uruguay ratifica la ley de amnistía para la dictadura

La coalición de Gobierno pierde la votación parlamentaria

El Congreso uruguayo rechazó ayer anular la llamada Ley de Caducidad, que dio por cerrado el periodo de la dictadura (1973- 1985) sin que sus responsables fueran juzgados por sus crímenes. El Frente Amplio (FA), que gobierna, fue el impulsor del intento de reabrir los procesos, pero perdió la votación por un diputado de sus propias filas, Víctor Semproni, que se ausentó y provocó un empate a 49 votos que deja la ley en vigor. El presidente José, Pepe, Mujica, que no era partidario de anular la ley, le pidió, sin embargo, en el último minuto, al diputado disidente que acatara la disciplina del partido.

La votación se produjo a las 5.30 del viernes, tras 15 horas de sesión, lo que demuestra la intensidad del debate. La Ley de Caducidad tendrá que ser modificada en algún momento por decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que falló el pasado febrero en contra del Estado uruguayo.

La norma que evita los juicios contra militares fue avalada por dos referendos

La posibilidad de anular la Ley de Caducidad fue sometida a referéndum popular en dos ocasiones (1989 y 2010), pero, en los dos casos, los uruguayos decidieron que las cosas siguieran como estaban. La oposición, contraria a la derogación de la ley, denunció que se pretendía doblegar la voluntad popular, expresada directamente, con una decisión exclusivamente parlamentaria. Este mismo argumento llevó a un destacado senador del Frente Amplio, el exdirigente tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro, a presentar su dimisión en la Cámara alta. Huidobro, al contrario que Semproni, acató la disciplina y votó a favor, pero después anunció su renuncia por considerar que la derogación de la ley era inconstitucional.

El proyecto de anulación fue defendido por el diputado del Frente Amplio Felipe Michelini, hijo del senador Zelmar Michelini, que fue asesinado por militares argentinos en Buenos Aires, en 1976, dentro de la famosa Operación Cóndor. Felipe Michelini mantuvo que la Ley de Caducidad impedía el acceso universal a la justicia. "Es una ley que ataca nuestra dignidad y la de este Parlamento", afirmó el parlamentario.

Al mismo tiempo que se discutía en Montevideo la derogación de la ley, en Buenos Aires, el Ministerio de Asuntos Exteriores argentino organizaba un homenaje en memoria del senador asesinado y de los otros militantes uruguayos que fueron secuestrados y torturados en aquella siniestra "operación de reciprocidad". En Argentina no existe una Ley de Caducidad que impida llevar ante la justicia a los responsables de su propia dictadura.

El debate político uruguayo sobre la conveniencia de mantener cerrados los procesos a las decenas de militares y policías que participaron en torturas, asesinatos y violaciones de los derechos humanos ha tenido como consecuencia indirecta el debilitamiento del Frente Amplio y, muy especialmente, del presidente de la República, José Mujica, obligado a hacer un difícil encaje de bolillos.

El presidente Mujica, un exdirigente guerrillero que sufrió salvajes torturas durante su prolongada detención, no quiso que el plenario del Frente Amplio cambiara la ley, pero al mismo tiempo aseguró que mantendría la disciplina partidaria y que no haría uso del derecho presidencial a vetar la nueva propuesta. La complicada cabriola final (la abstención de un diputado del FA) ha dejado las cosas como quería Mujica, pero también un mal sabor de boca en amplios sectores del FA, molestos con las idas y venidas del presidente.

En una reciente entrevista con EL PAÍS, Mujica negó que mantener la Ley de Caducidad implique que el pueblo uruguayo defienda los crímenes cometidos durante la dictadura, sino que no quiere mirar atrás. El presidente se mostró comprensivo con el deseo de los familiares de saber qué pasó exactamente con las víctimas. "De todas las llagas del pasado", reiteró Pepe Mujica ayer, "esa es la peor".

El presidente uruguayo propone que se busquen otras fórmulas que permitan recopilar la información que demandan los familiares de quienes desaparecieron o fueron asesinados en aquella época.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 21 de mayo de 2011