Industria aceptó la sociedad que Ciencia negó a Barbacid
El departamento de Sebastián permite a dos fundaciones participar en una agrupación de interés económico
Lo que vale para Industria, no vale para Ciencia. Al menos eso se desprende de la diferente postura tomada ante la posibilidad de crear agrupaciones de interés económico (AIE) en las que participen fundaciones. Esta última es la propuesta que ha hecho el todavía director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Mariano Barbacid, al departamento que dirige Cristina Garmendia, para poder explotar unas posibles moléculas contra el cáncer de pulmón. Ciencia lo ha rechazado.
El antecedente es el de la creación del Consorcio Tecnológico de la Energía de Asturias en 2009, que, según consta en su web, está inscrito en el Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria. Esta sociedad está constituida por dos fundaciones (una de ellas, Asturiana de la Energía, es pública y administra la AIE) y 29 empresas del sector energético (entre ellas Acciona, Unión Fenosa y Duro Felguera).
Ni el Ministerio de Industria ni el consorcio asturiano explicaron ayer a este periódico si la creación de la sociedad había tenido problemas para la constitución de la agrupación ni, en ese caso, cómo se habían resuelto. Por su parte, un portavoz de Ciencia se limitó a remitir al informe de la Abogacía del Estado que concluía que "la Fundación Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Carlos III no puede constituir válidamente una agrupación de interés económico".
Pero este informe sigue sin convencer a fuentes del CNIO partidarias de la propuesta que ha hecho Barbacid. Estas recuerdan que la Ley de Economía Sostenible del 4 de marzo de este año establece que "los organismos públicos de investigación, las universidades y los demás agentes [fundaciones] podrán participar en el capital de sociedades mercantiles cuyo objeto social sea la realización de [...] la investigación, el desarrollo o la innovación". De hecho, el propio abogado del Estado lo permite, ya que establece que "si la participación del CNIO en la AIE fuese superior al 50% [el proyecto de Barbacid fija un 90%] se estaría en presencia de una sociedad mercantil estatal", que debería ser aprobada por el Consejo de Ministros. La ventaja de la AIE, según estas fuentes, es que estaría libre de impuestos, mientras que otra sociedad pagaría un 30%, y que "es la mejor manera de garantizar el 100% de la propiedad intelectual y favorecer la inversión privada con deducciones fiscales".
El debate no se ha circunscrito a España. El martes, la revista Science recogía la polémica, indicando que Garmendia, "añadiendo insulto a injuria", había restado valor a las moléculas descubiertas por Barbacid, y que este la acusaba de actuar "por razones personales".
