El juez archiva el caso contra la cúpula de Terra Mítica

El juez que instruye la trama de facturas falsas de Terra Mítica, en la que una veintena de empresas cobraron al parque, impulsado por la Generalitat, por trabajos inexistentes y defraudaron paralelamente a Hacienda 4,4 millones de euros, ha archivado por falta de pruebas la acusación contra los exdirectivos de la sociedad: el expresidente del parque, Luis Esteban; el ex director técnico, Antonio Rincón; el ex director general, Miguel Navarro; el ex director financiero, Miguel Izquierdo, y el exjefe de contrataciones, Justo Valverde. La causa prosigue, en cambio, contra los empresarios que presuntamente defraudaron al fisco.

El titular del juzgado número 3 de Valencia consideró "correcto" que, tal y como han señalado las acusaciones, durante la construcción del parque de Benidorm, un proyecto que asumió como personal el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, se produjeron cobros por trabajos no realizados y endosos para conseguir opacidad en cuanto a lo percibido y para borrar el rastro del beneficiario final. El juez considera, sin embargo, que no se ha acreditado durante la instrucción que los exdirectivos lo supieran. "No existe prueba ni de su conocimiento ni mucho menos de su consentimiento", señala la decisión, en la que el juez confirma su auto del 8 de marzo, que había sido recurrido por la fiscalía, los socialistas y la Abogacía del Estado.

El juez avala que existió una red que saqueó los fondos del parque

Respecto a la falta de control por parte de los altos directivos del parque que la sucesión de los hechos parece demostrar (los responsables de Terra Mítica pagaban por trabajos que en realidad no se realizaban y no tomaron ninguna medida al respecto), el juez señala que, en todo caso, al no haberse individualizado la posible responsabilidad de cada uno de los dirigentes de la época, "a lo sumo podría hablarse de responsabilidad civil, pero fuera del ámbito penal".

El sobreseimiento contra los exdirigentes del parque no significa que se den por archivadas las acusaciones contra los administradores de hecho o de derecho de las empresas que supuestamente cobraron por los trabajos no realizados. El caso se arrastra desde hace siete años, cuando la Agencia Tributaria presentó una denuncia por el supuesto fraude.

El informe que el perito de Hacienda presentó hace unos meses a la causa confirmó la existencia de una trama organizada. Buena parte de las empresas analizadas, cuyos administradores están imputados en el caso, no tenían la estructura empresarial necesaria para llevar a cabo los contratos, no tenían experiencia, no se dedicaban al sector y, en algunos casos, ni siquiera tenían trabajadores. "Tampoco han acreditado la adquisición de materiales, equipos y elementos para la realización de los trabajos facturados"; "no han justificado documentalmente las operaciones" y "ni siquiera han podido acreditar los cobros reales de las operaciones facturadas", indicó el perito.