Más de 700 barrenderos exigen la subida de sus salarios 'tapizando' la calle de papeles

Los barrenderos demostraron ayer que, si se ponen a ello, pueden dejar la capital bastante sucia. A modo de aperitivo, de declaración de intenciones, su protesta en la Puerta del Sol sumó a las consabidas pancartas, pitidos y gritos una cantidad de papeles hechos trizas suficiente como para casi tapizar media plaza. Los turistas se enredaban los pies en las tiras de periódico y se hacían fotos con los señores de chaqueta verde y silbato en la boca de fondo. Unos 700 trabajadores protestaban contra la congelación de sus salarios y porque no consiguen llegar a un acuerdo con la patronal del sector sobre su convenio, que llevan negociando más de un año.

Si no hay acuerdo, a partir del día 12 los barrenderos de la capital -incluidos los del aeropuerto de Barajas y los que trabajan en la limpieza urgente (Selur)- irán a la huelga indefinida. Son más de 6.500 empleados los que están llamados a parar. Trabajan para las cuatro empresas que prestan el servicio público de limpieza viaria para el Ayuntamiento de Madrid (FCC, Cespa, Sufi y Urbaser).

"Con esta concentración, los sindicatos denunciamos a la patronal del sector, Aselip, que parece no querer alcanzar un acuerdo sobre el convenio laboral, que se lleva negociando más de un año. Los sindicatos protestamos por lo que consideramos una burla, ya que es la única negociación en la que la segunda propuesta de la patronal es peor que la primera", explicaron los sindicatos convocantes, CC OO y UGT.

La patronal pretende, aseguran, congelar los salarios durante los próximos tres años, cuando ya llevan sin actualizar desde 2009. Su estrategia es reclamar a los empleados 5,2 millones de euros para cubrir los ingresos que, según aducen, no les abona el Ayuntamiento de Madrid. Ello supone que cada trabajador tendría que devolver el 5,5% de sus nóminas de este año y del anterior. De media, casi 1.000 euros.

El Ayuntamiento, efectivamente, debe 189 millones de euros a las empresas que prestan el servicio de limpieza viaria, lo que equivale a un retraso de ocho meses en los pagos. Sin embargo, asegura que no puede mediar. "Es un conflicto entre empresas y trabajadores", señalan desde la Concejalía de Medio Ambiente.