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Tribuna:LA CUARTA PÁGINA

La Transición por dentro

El reciente libro de Charles Powell sobre las relaciones de España con Estados Unidos durante este periodo confirma que la Casa Blanca y el Capitolio fueron vacilantes, poco claros y no tan influyentes

La buena prensa -incluida la académica- de la que disfrutó la Transición está siendo sometida últimamente a duras críticas. Mientras que las valoraciones positivas del proceso culminado con la Constitución de 1978 subrayaban la utilización óptima o cuando menos satisfactoria de las posibilidades reales existentes para la democracia a la muerte de Franco, la drástica revisión a la baja posterior sostiene que la izquierda y el nacionalismo moderado bajaron las manos ante los herederos del régimen y desperdiciaron la oportunidad de enlazar institucionalmente el recuperado sistema de libertades con la legitimidad republicana derrotada en 1939. Esos lodos serían los responsables de la baja calidad de la democracia española actual.

Los demoledores del 'mito de la Transición' no suelen ofrecer hipótesis alternativas

En 1980 Suárez y Oreja intentaron que Carter, de visita en Madrid, no se viera con González

Sin embargo, la gran mayoría de los protagonistas y testigos del trienio 1975-1978 que habían combatido a la dictadura y padecido el exilio, la cárcel o la marginación se resisten -30 años después- a ser descritos ahora como los isidros de un espejismo colectivo que les llevó a sobrevalorar las fuerzas del adversario y a despreciar las propias. No es preciso recurrir al principio de autoridad -el apoyo dado a la Constitución por los dirigentes comunistas, socialistas y republicanos supervivientes de la Guerra Civil- para tomarse a beneficio de inventario las gratuitas especulaciones sobre la supuesta existencia en noviembre de 1975 de un tsunami de posibilidades purificadoras de la sociedad y del Estado desaprovechado por la torpeza o por el temor de la izquierda antifranquista. Sostener que Dolores Ibárruri, Ramón Rubial, Santiago Carrillo, Josep Tarradellas y tantos otros miles de supervivientes del bando perdedor de la Guerra Civil vendieron su primogenitura por un plato de lentejas es una necedad o una vileza. El fracasado golpe militar del 23-F -cinco años y cuatro meses después de la muerte de Franco- es la mejor prueba del empinado camino que fue necesario recorrer para consolidar las instituciones democráticas. Y el acceso -siete años más tarde- a la presidencia del Gobierno del socialista Felipe González, secretario general del mismo partido al que perteneció Juan Negrín, último presidente de Gobierno de la Segunda República, mostró la eficacia de la estrategia aplicada por los supervivientes y herederos de los derrotados en 1939.

Los demoledores del mito de la Transición no suelen avanzar hipótesis contrafácticas sobre cómo debería haberse comportado la oposición tras la muerte de Franco. ¿Tal vez con el boicot a las elecciones generales de 1977? ¿Con el voto en contra de una Constitución que hacía suyas las declaraciones internacionales de derechos humanos, amparaba las libertades civiles y políticas, se inspiraba en la estructura territorial de la Constitución de 1931, reconocía la independencia judicial y garantizaba la aconfesionalidad del Estado aunque reinstaurase la monarquía y proclamase como rey al sucesor de Franco en la jefatura del Estado? ¿Con la incorporación a una lucha armada que ETA ya había iniciado?

La visión retrospectiva de la historia suprime del trienio de la Transición, con el ventajismo de conocer ex post sus resultados, las incertidumbres de quienes tuvieron que adoptar las decisiones eligiendo en encrucijadas con mil caminos. El determinismo ignora que nunca hay rumbos trazados de antemano: tampoco para la fantasiosa reconstrucción del sendero luminoso echado de menos por los debeladores de la Transición realmente existente. Esa concepción que excluye el azar y los efectos imprevistos de las acciones humanas ha permitido a políticos de la Transición reivindicar el mérito de haber trazado los planos arquitectónicos del edificio, al estilo de la pizarra de Suresnes de los socialistas o de la hoja de ruta de los consejeros áulicos del príncipe de España antes de la muerte de Franco. Otras explicaciones atribuyen a las cancillerías extranjeras el papel de deus ex machina del juego. Cabe desear -aunque sin demasiadas esperanzas- que la lectura de la documentada, ambiciosa e inteligente investigación del profesor Charles Powell sobre las relaciones entre España y Estados Unidos durante la Transición contribuya a devolver a los arcones ese fantasma.

Aunque la fuente de mayor interés del libro sea la documentación diplomática norteamericana recientemente desclasificada (tan iluminadora para el pasado como los papeles de Wikileaks publicados por EL PAÍS lo son para el presente), El amigo americano (Galaxia Gutenberg, 2011) analiza también comunicaciones e informes del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, examina archivos personales, transcribe entrevistas aclaratorias con actores de la Transición y se ocupa de las negociaciones sobre las bases. Por una ironía de la historia, la Europa de los setenta contribuyó a devolver a España la libertad que le fue arrebatada entre 1936 y 1939 por la acción combinada de la ayuda a los sublevados de la Alemania nazi y la Italia fascista y la hipócrita política de no intervención de Francia y Reino Unido. Las estrategias de la Casa Blanca y el Capitolio, sin embargo, fueron más vacilantes, menos claras y no tan influyentes.

La cronología de la transición española en el sentido amplio de la expresión -desde la proclamación en julio de 1969 de don Juan Carlos como sucesor de Franco a título de Rey hasta el triunfo electoral de los socialistas en octubre de 1982- marcha en paralelo con los mandatos de Nixon, Ford, Carter y Reagan, separados por vacíos de actividad de mayor o menor calado durante las etapas de transmisión de poderes entre las Administraciones saliente y entrante. La línea de continuidad de la política de Estados Unidos hacia España fue asegurar el mantenimiento de la alianza bilateral suscrita con el régimen en 1953 y admitir la inevitabilidad de algún tipo cambio democrático tras la muerte de Franco. Como observa Charles Powell, el respaldo legitimador para la dictadura que significó ese acuerdo -renovado en 1963 y 1970- fue el pecado original de la presencia americana en España, condicionada por la necesidad de suavizar las tensiones con el régimen (la susceptibilidad provinciana de sus ministros y embajadores les llevaba a creer que los editoriales de The New York Times o The Washington Post críticos con la dictadura eran ordenados desde el Despacho Oval) y de no irritarle con actos de reconocimiento a la oposición moderada. Las ideas-fuerza del Departamento de Estado sobre el futuro tras la muerte de Franco eran tan simples como vagas: promover un punto de equilibrio entre la estabilidad del antiguo régimen y el cambio, mantener las bases militares y facilitar el ingreso de España en la Comunidad Europea y la OTAN.

De esta forma, el decisivo periodo transcurrido entre la llegada del Rey a la jefatura del Estado y el referéndum constitucional sorprendió al Departamento de Estado con un conocimiento muy insuficiente del mapa político español y de sus problemas. El reforzamiento electoral de los comunistas italianos y franceses, la revolución de los claveles portuguesa de 1974 y la presencia de la Marina de guerra soviética en el Mediterráneo alimentaron las rígidas ideas de Kissinger (consejero de Seguridad y secretario de Estado con Nixon y con Ford) sobre los peligros del comunismo para la España postfranquista. Las dudas de Nixon sobre la capacidad de don Juan Carlos para "defender el fuerte" dejarían paso a una apuesta casi incondicional a favor de su figura; al igual sucedió con Kissinger, que inicialmente puso en cuestión la firmeza de ánimo y la inteligencia del Rey pero que le otorgó más tarde su plena confianza. El vehemente deseo americano de que el PCE no fuese legalizado antes de las primeras elecciones cayó en saco roto. Y el rey se convirtió en interlocutor principal del embajador Wells Stabler -muy por encima de la clase política- entre 1975 y 1977.

La riqueza de episodios (la marcha verde sobre el Sáhara o la sucesión de Arias Navarro) y anécdotas (todavía en junio de 1980 Suárez y Oreja intentaron que el presidente Carter a su paso por Madrid no recibiese a Felipe González) hace imposible resumirlos: los curiosos no tendrán más remedio que devorar El amigo americano. Siempre quedarán, no obstante, los discípulos -involuntarios- de Kissinger, que soltó al ministro Cortina a propósito de la revolución de los claveles una frase digna de algunos revisitadores de la transición española: "No sé nada sobre Portugal, pero tengo la impresión de que mi visión, que se basa puramente en el dogmatismo, es más acertada que la de los informes que recibo de Lisboa".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de mayo de 2011