El Tribunal de Cuentas auditará las ayudas a la planta de purines de Carranza
El Parlamento aprobó ayer por unanimidad pedir al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que fiscalice los fondos destinados al proyecto de la planta de Carranza de tratamiento de los purines generados por la actividad ganadera. Tras años de retrasos, las obras apenas están ejecutadas en un 30%, aunque los Gobiernos central y vasco y la Diputación vizcaína ya han destinado a las mismas en conjunto más de 10 millones de euros, con aumentos sustanciosos sobre lo presupuestado inicialmente.
Agricultura ha optado por no dar "ni un euro más al proyecto", promovida por el anterior Ejecutivo, para reconsiderar la situación. Dos recientes informes de la UPV y el instituto de investigación Neiker cuestionan la viabilidad económica y medioambiental de la planta.
La proposición no de ley aprobada fue presentada por todos los partidos salvo el PNV, que, pese a ver en la iniciativa una "obsesión" contra el tripartito de Ibarretxe, terminó votando a favor de la fiscalización.
"Tenemos dudas de que tal cantidad de dinero y su aplicación sean acordes con las exigencias de los programas" de ayudas, afirmó en el pleno de la Cámara el socialista Benjamín Atutxa, quien recordó que las Juntas Generales de Vizcaya también han aprobado solicitar al tribunal una investigación.
"Ha faltado el más minimo rigor económico empresarial, dando la impresión de que, al contar con financiación pública, lo importante era arrancar el proyecto e ir dando soluciones a los problemas" que se planteasen, recalcó el popular Leopoldo Barreda, quien pidió una "solución definitiva" al Gobierno para la cuestión de los purines.
