Los aliados crean un fondo con dinero de Libia para los rebeldes

Ante la evidencia de que la solución militar no resolverá jamás el conflicto libio, los 22 aliados que respaldan la intervención de la OTAN trataron de buscar ayer en Roma nuevas vías políticas para aumentar la presión sobre el régimen de Muamar el Gadafi. El Grupo de Contacto aseguró que "el tiempo se está acabando" para el dictador africano, aprobó la hoja de ruta hacia la democracia propuesta por el Consejo Nacional de Transición (CNT) y anunció la creación de un fondo para canalizar, "de forma más transparente y bajo el paraguas de la ONU", recursos al Gobierno de Bengasi, asfixiado e incapaz de cubrir las necesidades básicas de la población.

A petición de los rebeldes, que ahora quieren ser llamados "combatientes de la libertad", la heterodoxa cumbre internacional (nueve países árabes, más la Unión Africana, la Liga Árabe, la ONU y diversas potencias occidentales con EE UU a la cabeza) decidió que ese fondo, que supervisará el Comité de Sanciones de Naciones Unidas, se dote con préstamos, donaciones y fondos libios invertidos durante la época de Gadafi y hoy congelados por efecto de las resoluciones de la ONU.

España, Holanda y Dinamarca reconocen de facto a los rebeldes

El CNT solicitó a los aliados entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, pero el anfitrión de la segunda reunión del Grupo de Contacto, el ministro italiano Franco Frattini, no concretó la cuantía. Kuwait prometió 180 millones de dólares, y el primer ministro de Catar, Hamad bin Jaber, dijo que su país ha inyectado "entre 400 y 500 millones de dólares". "No es un problema de cantidad, sino de cómo canalizar el dinero, y eso es lo que hemos resuelto hoy", afirmó el jeque catarí.

La secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton, prometió que promoverá cambios legislativos para "descongelar parte de los 30.000 millones de dólares" que Trípoli tiene invertidos en su país, y puso sobre la mesa un proyecto para hacer llegar equipamiento "no letal" a Bengasi.

Al ser preguntada sobre si Washington contempla para Gadafi una operación como la realizada con Osama bin Laden, Clinton echó balones fuera: "Nuestro trabajo en Libia consiste en proteger a los civiles. Lo mejor sería que Gadafi detenga cuanto antes sus brutales ataques contra la población y abandone el poder. Ese es el objetivo".

Francia calculó que el fondo solo estará operativo "en unas semanas", y su titular de Exteriores, Alain Juppé, señaló que hará falta "más trabajo" para liberar los fondos libios congelados en Europa.

Todos convinieron en la necesidad de lograr "un alto el fuego lo antes posible" para emprender la hoja de ruta política diseñada por los rebeldes con el asesoramiento de Turquía y Sudáfrica: formar un Gobierno de transición en el que estén todos los sectores del país, incluso aquellos del antiguo régimen que no hayan participado en las violaciones de los derechos humanos, aprobar una Constitución en referéndum y convocar elecciones parlamentarias primero y presidenciales después, todo bajo supervisión de la ONU.

El ministro turco Ahmeg Davutoglu planteó cumbre el "ambicioso objetivo", según lo definió Frattini, de hacer callar a las armas "en una semana", aunque pocos creyeron factible esa hipótesis.

"Darse plazos tan cortos es complicado", comentó la ministra española Trinidad Jiménez, "pero lo importante es que todos estamos de acuerdo en que la solución militar no nos permitirá llegar a una Libia unida, democrática y sin Gadafi; eso solo será posible aislando al régimen".

Entre otras medidas, la cumbre decidió encargar las iniciativas de diálogo al enviado especial del secretario general de la ONU; redoblar la lucha contra el tráfico de armas, combatir la presencia de mercenarios en las filas de Gadafi, frenar las emisiones vía satélite del régimen y pedir a los aliados que aíslen y no reciban a los enviados de la Yamahiriya.

La diversidad de voces generó algunos malentendidos. El CNT informó de que España, Dinamarca y Holanda les habían reconocido como único representante de Libia, pero los tres países matizaron esa afirmación. Jiménez aclaró que España "no reconoce Gobiernos, sino Estados", aunque aceptó que se trata de un "mero matiz jurídico", y que "la decisión política es reconocer de facto al Consejo como legítimo representante del pueblo libio", en la esperanza de que "será capaz de aglutinar a todos los sectores del país, excluido Gadafi, para guiar la transición". Sobre la ayuda española, Jiménez no quiso cuantificarla.