Miedo al parón de la Ley de Barrios

Fue una ley estrella del anterior Gobierno catalán. El tripartito (PSC, ERC e ICV) concibió la Ley de Barrios, aprobada en 2004, como un pilar de su política social, el medio para inyectar dinero a barrios degradados, la mayoría de los cascos históricos, de medianas y grandes poblaciones, a menudo con problemas demográficos, para mejorar la cohesión social. Los planes nunca prevén la construcción de viviendas, sino la rehabilitación de las existentes, la reurbanización de los espacios públicos, la mejora o construcción de equipamientos, y programas para fomentar la convivencia y la actividad comercial.

Los planes los pagan a medias la Generalitat y los Ayuntamientos. Van siete convocatorias, que suman 148 barrios y 1.300 millones de inversión. Su ejecución es lenta por la complejidad normativa y funcional, por lo que solo se han finalizado completamente 14 de los 148 aprobados entre 2004 y 2010: nueve de la convocatoria de 2004 y cinco de la de 2005.

Los proyectos los pagan a medias la Generalitat y los municipios

La norma consiguió algo insólito: la unanimidad sobre la oportunidad y sus resultados. Lo dicen los socios del tripartito en el Gobierno, el PSC, ERC e ICV; lo reconoce CiU, entonces en la oposición y ahora en el Ejecutivo, y la aplauden las entidades municipalistas. De ahí que los alcaldes pidan a Artur Mas que a los planes de barrios no les llegue la tijera.

La Ley de Barrios depende del secretario de Vivienda y Medio Urbano, Carles Sala, que ve difícil que en este año de restricciones presupuestarias se aprueben nuevos planes. "La ley funciona, la valoramos, votamos en el Parlament la moción que refrendó la voluntad de aplicarla y nos gustaría hacer la convocatoria; pero, si hay que priorizar, las personas van antes. Dependerá de la disponibilidad presupuestaria", explica Sala.

Manuel Bustos (PSC), presidente de la Federación de Muncipios de Cataluña y alcalde de Sabadell, se muestra "preocupado y desconfiado" por el futuro de una ley que "ha permitido pisar el acelerador en barrios que necesitaban obras en continente y contenido". "Lo que nos llega son recortes y tememos que no habrá concreciones hasta pasadas las elecciones. Tengo la sensación de que solo hemos visto la punta del iceberg", manifiesta. Salvador Esteve (CiU), su homólogo en la Asociación Catalana de Municipios y alcalde de Martorell, habla de "inyecciones importantes para barrios degradados" y, ante la incógnita que mantiene la Generalitat, insta a que "continúen las convocatorias".

El exconsejero de Política Territorial y actual portavoz del PSC en el Parlament, Joaquim Nadal, ve la ley más necesaria que nunca. "En época de crisis los planes la amortiguan, son paliativos. Se trata de anticiparnos a fenómenos como el ocurrido en los barrios franceses". Nadal valora de la ley la suma de intervención conjunta en el espacio urbano y cohesión social. "Me preocupa que se retrase la convocatoria", señala Nadal, quien sugiere que, tratándose este de un ejercicio de transición entre dos Gobiernos, la convocatoria "se escalone, pero se mantenga".

Pese a la inyección de fondos que aporta la ley, llevar a cabo las obras no es tarea fácil para los Ayuntamientos, por la lentitud de la Administración y porque también los alcaldes deben rascarse el bolsillo.

Para dar margen a los municipios, la norma prevé la posibilidad de que los alcaldes pidan prórrogas de dos años: esto es, margen para ejecutar las reformas. La inmensa mayoría de los Ayuntamientos han pedido esta prórroga para desarrollar sus planes en seis años. Lo hicieron todos los proyectos de 2004 (excepto los de Terrassa y Barcelona, que terminaron los planes del distrito II y Santa Caterina en los cuatro años preceptivos) y todos los de 2005 y 2006. De 2007 en adelante, el periodo de ejecución no termina hasta finales de este año. Por tanto, hasta que acabe 2011 el Departamento de Territorio y Sostenibilidad no sabrá cuántas peticiones de prórroga se presentan.