Trenes que no cruzan fronteras

El incremento de las barcazas que intentan llegar desde los puertos de Túnez y Libia a las costas de Lampedusa o Malta ha desencadenado una polémica que estalló el domingo 17 de abril cuando el prefecto francés de Alpes Marítimos ordenó a la SCNF detener el tráfico ferroviario procedente de la localidad italiana fronteriza de Vintimiglia en dirección a Menton, la ciudad francesa limítrofe. El Gobierno italiano había criticado la insolidaridad francesa (y alemana, por cierto) por no acceder a repartir la carga de más de 25.000 personas llegadas a Italia desde el comienzo de la revolución democrática en Túnez y la guerra en Libia. Ahora, Italia denuncia enfáticamente una grave violación del principio de libre circulación en el espacio Schengen. Por su parte, Francia alega que ya denunció la decisión italiana de otorgar permisos temporales extraordinarios a inmigrantes ilegales, encaminada a lograr que los que habían llegado a Italia pasaran a otros países de la UE, en violación de todos los acuerdos sobre control de inmigración ilegal.

Es puro cinismo que la UE brinde por las revoluciones árabes y se niegue a ayudar a los inmigrantes

En el cruce de acusaciones sobre la violación de la legalidad comunitaria (el Convenio de Schengen) hay argumentos técnico-jurídicos que ambos pueden invocar sobre la interpretación del artículo 5 del Tratado (condiciones para la libre circulación de los inmigrantes) y del artículo 23 del Código de Fronteras de Schengen (CFS), aprobado por el Reglamento 562/2006 en abril de ese año. Pero, una vez más, mientras el dedo señala a la luna, el ignorante mira al dedo. Cabe discutir si son conformes al artículo 5 del Tratado las cinco condiciones exigidas por Francia -pasaporte en vigor reconocido por Francia, un permiso de residencia válido, recursos suficientes (62 euros al día por persona, 31 si disponen ya de alojamiento), no constituir amenaza para el orden público y no haber entrado en Francia tres meses antes-. También resulta discutible el argumento francés de que la manifestación en solidaridad con quienes querían cruzar la frontera era "grave riesgo de orden público" (artículo 23 del CFS). Italia, por su lado, puede insistir en la excepción establecida en el apartado 4 del mencionado artículo 5 que justificaría su decisión de permisos excepcionales temporales que habilitarían a circular en el espacio Schengen. Pero no es esa la cuestión.

Lo verdaderamente relevante es constatar que no existe una voluntad política europea ante problemas básicos y que la UE es incapaz de mantener un mínimo de coherencia entre los principios que proclama y los intereses de los Estados miembros.

Porque para entender el conflicto lo importante son los intereses inmediatos de ambos Gobiernos: las elecciones municipales italianas en mayo (basta saber que la Liga Norte califica de "buenista" al durísimo ministro de Interior, Maroni) y el duro rodaje hacia las presidenciales francesas, en el que Sarkozy y su cada vez más atrabiliario ministro del Interior, Guéant, están jugando desesperadamente la carta de mimetizar la posición xenófoba y de cierre de fronteras que enarbola el Frente Nacional, para arrebatarle los votos sin los que podría perder incluso en primera vuelta. Los resultados del extremista Partido de los Auténticos Finlandeses en las elecciones del domingo 17 de abril, son aviso a navegantes para ambos.

Es lamentable que estos miopes cálculos electorales se impongan a la coherencia de la UE respecto al principio de prioridad de los derechos humanos y muy concretamente respecto a su retórica de ayuda a las revoluciones democráticas, que ignora la crisis de refugiados que se ha producido. ¿Qué primera ayuda necesitan? ¿Acaso no es una necesidad primordial hacer frente a una crisis que en Túnez y Libia ha obligado a huir a miles de personas (más de 25.000 desde Túnez, casi 5.000 desde Libia) en busca de refugio y en condiciones que han provocado naufragios y muertes de al menos 400? Todos los países de la UE tienen obligaciones jurídicas como Estados parte que han ratificado los Tratados de Ginebra y el Protocolo de Nueva York sobre derechos de los refugiados: ¿es tan enorme la dificultad como para impedirles cumplir con ellas y acoger a unas decenas de miles de personas necesitadas? La inactividad de la UE parece la prueba de que el derecho de asilo vive la paradoja de ser cada vez más necesario y cada vez más negado y más caro.

No se puede negar la complejidad de esta situación. Pero, de una parte, la crisis era previsible y se podían haber adoptado medidas desde comienzos de año. De otro lado, tampoco hay que dramatizar sobre su envergadura, como ha recordado Van Rompuy. Sin embargo, los Estados de la UE una vez más han respondido a esta emergencia humanitaria bajo el síndrome imperante de mostrar firmeza ante la invasión de inmigrantes ilegales, la obsesión de que no se cuele ningún inmigrante económico ilegal. Pero, más allá de que no se entiende ni se justifica esta feroz animadversión a los inmigrantes sin papeles, erigidos en supuesta terrible amenaza, lo único realmente grave es el cinismo con el que hemos brindado por esas revoluciones y ahora nos negamos a ayudar en las necesidades urgentes que son su coste.

Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política y director del Colegio de España en París.