Las protestas fuerzan a Mas a aplazar los recortes en sanidad a después del 22-M

El Gobierno catalán dio ayer un frenazo inesperado al plan de recortes en sanidad que el consejero del área, Boi Ruiz, tenía previsto presentar hoy. El Ejecutivo de Artur Mas había anunciado su determinación de concretar el tijeretazo antes de los comicios del 22-M para evitar la contaminación electoral. Pero la masiva movilización de los profesionales de la salud en defensa de la sanidad pública ha obligado a Mas a aplazar las severas restricciones a después de las elecciones por meros motivos electoralistas.

Ruiz tenía previsto comparecer hoy en rueda de prensa para explicar los recortes que aplicarán los diferentes hospitales, y también en la comisión de salud del Parlamento catalán. El plan ahora es otro: ante la prensa, cederá su puesto a su mano derecha, el director del Servicio Catalán de la Salud, Josep Maria Padrosa; y se reunirá en su despacho en vez de hacerlo en la cámara con los diputados.

Tras la reunión del Gobierno, el portavoz, Francesc Homs, detalló que los recortes se aplicarán en dos fases: la primera afecta al gasto corriente, en el que se incluye la partida farmacéutica y la simplificación estructural y administrativa; la segunda, es la que atañe estrictamente a la asistencia sanitaria. La intención del consejero era reducir el presupuesto del departamento, de 9.859 millones de euros en 2010, una media de un 10%. Según los cálculos del ejecutivo, entre un 5% y un 6% del porcentaje se cubrirá con el ahorro del gasto corriente. El resto es el que ahora dice que está dispuesto a negociar. "Es probable que el recorte sea menor a un 10%", deslizó Homs, que recordó la voluntad del Gobierno de consensuar el recorte con las juntas de las clínicas, los sindicatos y las fuerzas políticas.

El Gobierno asegura que ha movido ficha, pero no ha convencido ni a los sindicatos y la oposición. El gran interrogante es saber qué pasará con los recortes ya aplicados en prestaciones sanitarias como el cierre de una planta y las urgencias ambulatorias del hospital Clínico, de Barcelona, y la clausura, por ejemplo, de los quirófanos del hospital Joan XXIII, de Tarragona.

Pese al frenazo anunciado ayer, la Generalitat prevé extender el recorte por otra vía: la de los ingresos que los hospitales concertados reciben del Gobierno catalán por los servicios que estos centros prestan a los pacientes de forma gratuita. El Departamento de Salud prevé pagar el 2% menos por todos los productos y servicios sanitarios que realizan los hospitales y hasta el 10% menos en el caso de los abortos costeados por la sanidad pública, según un documento interno al que ha tenido acceso este diario.

El coste de esta reducción en la llamada tarifa sanitaria deberán asumirlo cada uno de los centros hospitalarios a los que la Generalitat exigirá el mismo servicio pero pagando un precio menor. "Habrá muchos centros que no podrán mantener el mismo nivel de actividad porque a cada operación quirúrgica, perderán dinero", ilustró Carmen Navarro, responsable de sanidad de CC OO. "Los hospitales deberán reducir personal o bien suprimir ciertos servicios por falta de presupuesto", alertó.