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Tribuna:

El valor de lo público

Hace 25 años se promulgó la Ley General de Sanidad. Es un tiempo propicio para el balance. El saldo es netamente positivo, porque en estos años, y con el esfuerzo colectivo, la sociedad española ha construido un sólido pilar del Estado de bienestar. Pero es tiempo también para la reflexión, para valorar lo que se ha conseguido y encontrar la fórmula que evite dar pasos atrás en los logros alcanzados.

Aquella ley impulsada por Ernest Lluch en 1986 fue la palanca que permitió gran parte de la transformación de España en el país que hoy tenemos. La protección de la salud pasó a ser un derecho básico de la ciudadanía; y el sistema sanitario público, un instrumento esencial para la garantía de una asistencia de calidad, igual para los ciudadanos y ciudadanas de todos los rincones de España e independiente del nivel de ingresos de cada cual.

La Ley de Sanidad cumple 25 años con un balance positivo. La salud ya es un derecho

Es difícil entender la España de hoy sin nuestro Sistema Nacional de Salud. Con él hemos ganado cinco años de esperanza de vida desde 1986 y somos, con una media de 81,4 años, los europeos más longevos. Hemos vencido enfermedades y avanzado esperanzadoramente en otras. Hemos aprendido a prevenir, a educar en formas saludables de vida. Hemos cohesionado la sociedad y hemos crecido en innovación tecnológica.

En 1986, había 300 centros de salud. Hoy más de 3.000 dan servicio a la ciudadanía en todo el país. Nuestros hospitales han incorporado las mejores tecnologías y España es una referencia mundial en la realización de trasplantes y en el grado de supervivencia posterior de los pacientes.

La prevención, eje de todo sistema sanitario eficaz, permite que toda la población infantil tenga acceso a las vacunas y que casi tres de cada cuatro mayores de 65 años se proteja frente a la gripe cada año.

Todo esto es posible por una de las mayores grandezas de nuestra sanidad: su carácter solidario. Cada uno aporta según su capacidad económica y recibe según su necesidad.

No es casual, por ello, que el Sistema Nacional de Salud sea hoy el servicio público mejor valorado por nuestra ciudadanía.

Lo es no solo por las prestaciones que ofrece, sino por su eficiencia. Además de dar empleo a cientos de miles de profesionales, considerados además entre las y los mejor cualificados del mundo, y contribuir a la I+D+i en sectores como el medicamento o las tecnologías sanitarias, supera en eficiencia cualquier sistema privado de atención sanitaria. No hay ningún otro que ofrezca nuestro catálogo de prestaciones con una inversión de 1.500 euros por habitante y año (el 6,5% del PIB).

Es justo reconocer que el Gobierno de Felipe González afrontó en 1986 una tarea difícil al acometer la reforma de una sanidad fragmentada en distintas redes, sin una planificación coordinada y sin una evaluación rigurosa de su impacto en la salud. Pero también es de recibo aplaudir a los siguientes Gobiernos democráticos que completaron la tarea y añadir que fue el paso de la competencia a las Administraciones autonómicas lo que permitió acercar los servicios a los ciudadanos y adaptarlos a las especificidades de cada territorio.

Hoy, 25 años después, la Ley General de Sanidad ha cumplido su objetivo prioritario: asegurar a toda la ciudadanía un sistema de protección que incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la extensión de la asistencia sanitaria a toda la población y la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.

El legado es magnífico. Por eso es enorme el reto de preservarlo en el actual contexto de dificultades económicas. Todos los Gobiernos debemos afrontar recortes, pero es esencial elegir correctamente a qué no queremos renunciar. Mejorar la eficiencia, reducir los gastos, rebajar los costes... hacer más con menos. Garantizar la sostenibilidad del sistema tal como lo hemos construido: equitativo, eficiente, solidario, universal y público. Ese es el desafío.

Para responder a él, el Gobierno ha tomado importantes medidas de ahorro y eficiencia en los gastos de personal y de la factura farmacéutica (casi el 75% del coste del Sistema Nacional de Salud). Desde el año pasado, se ha rebajado el precio de medicamentos e incrementado los genéricos, lo que ha permitido ingentes ahorros (416 millones de euros en este primer trimestre respecto del mismo periodo de 2010). También hemos llevado formatos monodosis a las farmacias y logrado comprar juntos, Gobierno y varias comunidades autónomas, las vacunas para la gripe del próximo año. Estamos logrando gastar mejor, coahorrar y corresponsabilizarnos, administraciones y ciudadanos, en un uso más racional de la Sanidad.

Ese es el camino: soluciones conjuntas, compartidas por todas y todos los que gestionamos la Sanidad, que mejoren la eficiencia sin menoscabar la calidad y la equidad. Hay recorrido antes de pedir más esfuerzo a los ciudadanos, que ya pagan la Sanidad con sus impuestos e incluso copagan los medicamentos. El debate de la sostenibilidad está abierto, y el Gobierno, dispuesto a escuchar y debatir propuestas que la garanticen con los límites mencionados.

El Sistema Nacional de Salud que hemos construido es un tesoro por el que debemos comprometernos a no dar ni un paso atrás.

Leire Pajín Iraola es ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 25 de abril de 2011