Plaza vacía en el estreno del último año taurino

Tres novilleros; el Jordi, pintado de sangre, con 15 más; el doble de mossos d'Esquadra, y un millar de espectadores. Ese fue el triste inicio de la que puede ser, si el presidente de la Generalitat no lo remedia, la última temporada taurina en Cataluña.

La empresa salmantina encargada de la explotación de La Monumental de Barcelona no quiso dar especial relumbrón al cierre parlamentario; antes al contrario, inició la temporada programando para el Domingo de Pascua una novillada. Los toreros Juan del Álamo, Víctor Barrio y Alberto López Simón apenas tuvieron de espectadores a un millar de personas, el 5% del aforo, la mayoría turistas y que, además, a partir del cuarto toro fueron abandonando el coso.

La programación de las corridas de toros no comenzará hasta finales de junio y finalizará con las fiestas de la Mercè el 25 de septiembre, aunque todavía no hay carteles.

Antes de que se ponga en práctica la decisión del Parlamento catalán de prohibir las corridas (que sí ha permitido los correbous), se han puesto en marcha varias iniciativas para intentar retrasar o incluso invalidar esta medida. La primera es del Partido Popular, que ha presentado en la Cámara catalana una proposición de ley que pretende que la moratoria que prevé la norma se extienda hasta el 2015.

Pago por "lucro cesante"

El retraso se justifica con el ahorro que eso significaría para el pueblo catalán. Con un Gobierno endeudado por encima de los límites fijados y con fuertes recortes en sanidad y educación, la aplicación de la prohibición de los toros en enero podría significar un pago por "lucro cesante" al propietario de la plaza aproximadamente de unos 300 millones de euros. Según el partido gobernante CiU, la cantidad rondaría los cinco millones de euros.

La ley abolicionista prevé que el Gobierno catalán determine el importe de las compensaciones económicas derivadas del cese de los festejos taurinos en Cataluña antes de junio de 2012, "con audiencia a los interesados".

Por otra parte, las entidades taurinas iniciarán en las próximas semanas la recogida nacional de 600.00 firmas, necesarias para que el Congreso pueda declarar la fiesta de los toros patrimonio nacional cultural y, como tal, impedir su prohibición.