Destituida por criticar al alcalde

El alcalde del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio (11.242 habitantes), Julio Sánchez Alarilla (PP), ha destituido a la concejal de Hacienda, Nuria Muñoz Carretero, de su mismo partido. Esta edil era desde la moción de censura del 15 de diciembre de 2009, auspiciada por el PP y que contó con el apoyo de dos ediles de IU, que fueron expulsados, la responsable del área económica del Consistorio. Según fuentes municipales, el motivo de la expulsión de la todavía edil del PP fue su oposición a los presupuestos municipales, que rechazó en el pleno municipal tras leer una carta el 2 de marzo. La edil denunció numerosas irregularidades en la gestión del alcalde popular y de su equipo de Gobierno. "Yo voté la moción de censura para mejorar las cosas. Pero si antes, con el PSOE e IU, las cosas se hacían mal ahora con el alcalde del PP, Julio Sánchez Alarilla, se están haciendo peor", se lamenta Nuria Muñoz, que considera que el Ayuntamiento vive con su actual primer edil una "dictadura".

"Las cuentas agravan la situación del Ayuntamiento", según la edil Muñoz

"El alcalde y su equipo de gobierno hacen uso del Ayuntamiento a su antojo, vulnerando las leyes vigentes y los derechos del resto de concejales y del personal del Consistorio de Velilla", resalta esta edil.

Las desavenencias entre los miembros del PP del municipio se iniciaron meses antes de que lograran apartar del equipo de Gobierno a los socialistas. De hecho, la propia Nuria Muñoz participó junto con otros cuatro cargos del PP local en una reunión con la diputada regional del PP Isabel Redondo, que se encarga de los temas del partido en la comarca, en la que denunciaron la deriva totalitaria de Sánchez Alarilla: "No era normal lo que estaba pasando en la sede del PP. Nos dijo que las cosas iban a cambiar. Que iban a tomar medidas. Pero no hicieron nada. El PP de Velilla sigue funcionando como un cortijo particular, en el que determinadas personas no dejan hacer nada a los que no somos originarios del pueblo", explica Nuria Muñoz, que sostiene que la forma de actuar del alcalde va en contra de las directrices, los principios y la política del Partido Popular.

Precisamente fue la diputada Isabel Redondo quien, en nombre del PP regional, prohibió a Nuria Muñoz, según explicó a EL PAÍS, que presentara en el registro del Ayuntamiento los informes en los que criticaba las acciones del primer edil. "Me dijo que dejara de informar acerca de la gestión del PP en Velilla. Y por eso comencé a registrar textos libres. A partir de ese momento ya dejaron de contar conmigo. Además, también fue Isabel Redondo la que me dijo que no armara ruido. Que aprobara los presupuestos como estaban y después ya veríamos", relata la edil, que ha presentado varios escritos al comité de garantías del PP sin haber obtenido respuesta alguna. Nuria Muñoz acusa al alcalde de acabar con todos sus intentos de solucionar el colapso económico del Consistorio, paralizando una iniciativa suya para que se hiciera un informe sobre la reducción del gasto en el Consistorio.

Pero el detonante de la expulsión de Nuria Muñoz fue una carta remitida por la edil a todos los funcionarios, y que horas más tarde leyó en el pleno celebrado el 2 de marzo. En el texto, la extitular de Hacienda del Consistorio acusó al regidor del PP de "ambición desmedida", "afán de protagonismo" y de "cubrir sus necesidades propias", además de "prepotencia" y "totalitarismo", en vez de servir al público. Desde el inicio de las desavenencias con el alcalde Muñoz ha denunciado haber sido objeto de "gritos" e incluso "zarandeos" por parte de otra concejal.

Según esta edil, desde el primer momento trató de "mejorar la gestión" con la intención de solucionar el "grave" endeudamiento del Consistorio. Para eso comunicó por escrito sus instrucciones para que se adoptaran con la intención de que solo se realizaran los pagos que fueran estrictamente necesarios e imprescindibles, evitando contrataciones innecesarias y ajustándose a los pagos previstos en el calendario confeccionado desde la Tesorería y por la Concejalía de Hacienda: "Pero he visto que los gastos se aprobaban mediante decretos de alcaldía, y así no había nada que hacer", relata la concejal que sostiene, además, que "el calendario y la ley de prelación no se tuvieron en cuenta, decretando el pago a unos proveedores antes que a otros, sin que se tratara de servicios básicos para la ciudadanía".

Nuria Muñoz manifiesta que exigió que se disminuyera el gasto de los presupuestos, que califica de "irreales", ya que inicialmente eran de 10,7 millones para unos ingresos de 8,7 millones, lo que suponía un déficit de 2 millones. Pese a esta exigencia pudo comprobar que en el presupuesto final no solo no se disminuía el gasto, sino que se aumentaba, pasando a ser de 11,97 millones de euros, con 11,1 millones de ingresos. Cuando en realidad, según su información, estos no superan los 8 millones: "Los presupuestos agravan la situación económica del Ayuntamiento, máxime cuando para ello deben incrementarse de manera irreal los ingresos previstos", relata Nuria Muñoz.