Camps pierde su último recurso para evitar el juicio

Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, perdió ayer las últimas apelaciones para evitar ser juzgado en la causa de los trajes. La decisión de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano deja las manos libres al juez instructor, José Flors, para decidir si lo sienta en el banquillo por cohecho impropio: haber recibido regalos de la trama Gürtel. La red de corrupción, según consta en la investigación, halló en Valencia un fértil lugar donde hacer negocios al calor del Ejecutivo autonómico y el PP regional, presididos ambos por Camps. Las pruebas acumuladas por la policía señalan que el entramado de empresas de Francisco Correa consiguió contratos millonarios adjudicados irregularmente por la Generalitat y que, simultáneamente, participó en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular.

La desestimación de las apelaciones despeja la convocatoria de la audiencia preliminar, el acto que precede a la decisión de abrir el juicio. Todo apunta, sin embargo, a que Flors esperará al resultado de las dos inhibiciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor del de Valencia. En ellas figuran implicados otros siete altos cargos de las cúpulas del PP y el Gobierno regional en supuestos delitos de corrupción.

La decisión de la sala sobre las inhibiciones parece inminente, lo que refuerza la idea de que la vista preliminar tendrá lugar antes de las elecciones del 22 de mayo, en las que Camps vuelve a ser candidato. Una vez celebrada esa audiencia, Flors dispondrá de tres días para decidir si sienta a Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Rafael Betoret en el banquillo de los acusados.

En las apelaciones rechazadas ayer, las defensas del presidente valenciano y de su exvicepresidente Campos habían solicitado la práctica de dos diligencias que habrían demorado el procedimiento. Por un lado, pedían averiguar si en el grueso de la causa, que se instruye en Madrid, existían más grabaciones en las que aparecieran los cabecillas de la trama: Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Por otro, solicitaban la declaración testifical de Cándido Herrero, gerente de Orange Market; Flors había aceptado que lo hiciera en la vista preliminar, pero las defensas consideraban imprescindible que declarase antes.

La sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano respaldó ayer al juez. Respecto a las diligencias sobre las grabaciones, considera que "no se dirigen a contrastar una fuente de prueba cierta sino que, de alguna forma, no puede negarse que tienen un cierto carácter incierto e indefinido". "El instructor", añade la sala en su auto, "permitió el acceso de las partes a todas las conversaciones telefónicas que figuraban en este tribunal; solicitaron las adiciones que estimaron pertinentes respecto de la selección que en su día realizó el instructor que fueron admitidas, y en consecuencia se ampliaron las mismas al interés de las partes, sin que en dicho momento, se solicitaran las diligencias que actualmente se pretenden".

La sala también fue contundente respecto a la declaración de Cándido Herrero: "El Instructor no entra en el carácter o no de imprescindible de la diligencia, sino que considera que la declaración testifical interesada puede practicarse en la audiencia preliminar, y eso resulta indiscutible, no lo cuestiona la parte recurrente, y no cabe considerarlo un criterio personal del instructor sino que es el criterio legalmente establecido".