PP y PSOE se enzarzan por la fuga de Troitiño tras salir de la cárcel

La pista de Antonio Troitiño se perdió ayer en Francia y su fuga empezó a transformarse en una nueva bronca política. El etarra está en paradero desconocido desde que la Audiencia Nacional decretó el martes por la noche su busca y captura, mientras el Gobierno y la oposición se tiraban a la cabeza el incidente judicial. Durante buena parte de la jornada se le supuso oculto en el despacho de su abogado en Hendaya (Francia), pero anoche la policía no había dado con él.

Aunque su puesta en libertad y la posterior rectificación son decisiones estrictamente judiciales, al PP el suceso le sirvió para volver a utilizar el terrorismo contra el Gobierno y el Ejecutivo respondió que hubiera sido ilegal someter a Troitiño a vigilancia. "Cuando un ciudadano tiene sus derechos intactos, no está inmerso en ninguna investigación policial ni es objeto de ninguna sospecha especial, no puede ser vigilado ni controlado", aseguró el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

La tesis del Gobierno es que las fuerzas de seguridad solo podían empezar a actuar en el momento en el que la Audiencia Nacional decretó la detención. Ni siquiera podían impedirle que saliera de España. Pero el PP anunció su intención de exigir "responsabilidades" si Troitiño no es detenido "cuanto antes". No precisó de qué forma las exigirá, ni de quién serán esas responsabilidades, pero el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, aseguró que serán de "un ministro o un juez".

La tesis de los populares es que sí era posible vigilar al etarra cuando fue puesto en libertad por orden de la Audiencia. Así, el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, aseguró que, tras conocer la libertad de Troitiño, exigió al Gobierno que le sometiera a una vigilancia policial "constante" para evitar la fuga.

"Cuando un responsable político sale pidiendo a la policía que controle a un ciudadano en esas circunstancias le está diciendo que haga algo ilegal", le replicó Rubalcaba. Esta argumentación es casi la misma que utilizó Mariano Rajoy en noviembre de 2002, en la misma sala de La Moncloa, cuando como vicepresidente y portavoz declinó responsabilidades por la fuga del etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera; culpó exclusivamente al juez y aseguró que es delito vigilar a alguien sin orden judicial. Ahora el PP dice lo contrario.

Rubalcaba ironizó sobre los conocimientos jurídicos de los dirigentes del PP y aseguró que en los últimos días han incurrido en "puros dislates". "Ese es el Estado de derecho. Lo digo porque estos días ha habido muchas incursiones muy desafortunadas en el Estado de derecho", aseguró el número dos del Gobierno.

Expresamente citó las palabras de la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, para quien la rectificación de la Audiencia Nacional es "consecuencia de la indignación social". Según Rubalcaba, ese tipo de situaciones son más propias de un Estado no democrático.

Rubalcaba evitó criticar la decisión judicial de poner en libertad a Troitiño tomando como base una aplicación del cómputo de los años de prisión preventiva que fue expresamente contradicha por el Tribunal Supremo. "Unas decisiones judiciales gustan más que otras", se limitó a decir. El responsable de Interior no quiso precisar si las Fuerzas de Seguridad tenían ayer localizado al etarra. Se limitó a asegurar que utilizarán "todos los instrumentos" para detenerle. Apeló a la prudencia para evitar dar más datos sobre el paradero de Troitiño. Rubalcaba admitió que hubo un error en la euroorden emitida el martes, pero explicó que se subsanó inmediatamente y que no afectó a la operación para detener al etarra.