El segundo asalto
El segundo asalto del combate entre el Supremo y el juez Garzón en el Torneo de la Prevaricación -el tercer round aún no tiene fijada la fecha- ha entrado en su fase decisiva: el magistrado instructor de la querella interpuesta por el principal inculpado del caso Gürtel y sus abogados ordenó la apertura de juicio oral. ¿Serían la súbita propensión delictiva de Garzón y la furia inquisitorial no menos repentina del alto tribunal las únicas hipótesis disponibles para explicar esa colisión? Los ultragarzonistas atribuyen al Supremo el vengativo propósito colectivo de castigar al juez que osó traspasar las invisibles líneas rojas del sistema establecido. En cambio, los garzonófobos utilizan la letra grande de los manuales pequeños de tópicos psicoanalíticos para destruir una brillante ejecutoria como instructor en la Audiencia Nacional.
El Supremo abre juicio oral contra Baltasar Garzón por un delito de prevaricación en el 'caso Gürtel'
Pero tan perjudicial sería para la España democrática revelar que un juez popular en el mundo entero por su compromiso con los derechos humanos es un prevaricador compulsivo movido por un narcisismo insaciable, como descubrir que el Supremo pretende tapar los crímenes de los vencedores de la Guerra Civil y los escándalos del PP. Otros factores cuentan en esta lamentable historia: las divergencias de interpretación jurídica (¿son tipificables como delito o carecen de relevancia penal las malas prácticas procesales?), las rencillas dentro de la carrera judicial (un fiscal y un magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional son abogados del caso Gürtel), las aversiones personales (Garzón tiene viejos enemigos en la derecha y en la izquierda de la magistratura) y la manipulación ultraconservadora de la acción popular.
El núcleo de la primera querella no es la cuestión política de emprender o impedir una indagación penal -70 años después de transcurridos los hechos- sobre los asesinatos perpetrados por los sublevados en 1936, sino la cuestión jurídica de la titularidad de la competencia para exhumar a las víctimas de la represión franquista enterradas clandestinamente: en vez de respetar el procedimiento arbitrado a ese fin por la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007, Garzón pretendió inicialmente -luego rectificó- asumir esa tarea.
La segunda querella tampoco versa sobre la esencia del caso Gürtel, sino sobre la grabación en los locutorios carcelarios de las conversaciones mantenidas por los acusados con sus abogados. Los ultragarzonistas consideran esa demanda penal una maniobra para conseguir la nulidad de las actuaciones con la ayuda del principio del árbol envenenado que transmite su ponzoña deletérea a los frutos. Los garzonófobos, en cambio, califican la interceptación como un atentado prevaricador contra el derecho fundamental a la defensa. Pero también cabe sostener que hay suficientes pruebas no contaminadas para seguir adelante con el caso Gürtel y que las eventuales lesiones inferidas al derecho de defensa por Garzón no constituyen un delito de prevaricación.
