Pedreira acabará en junio sus pesquisas sobre la mayor red corrupta de España

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, transformará en un procedimiento abreviado antes del 15 de mayo las diligencias que dirige desde hace dos años sobre la mayor trama de corrupción vinculada a un partido político desde la llegada de la democracia.

El sumario aglutinaba a unos 80 imputados -entre ellos, 24 altos cargos del PP- antes de que Pedreira desgajara los 100.000 folios de que se nutren las diligencias y se inhibiera en parte de la investigación en favor de los tribunales superiores de Valencia y Castilla y León, al estar implicados aforados de esas comunidades: cinco en la Comunidad Valenciana, entre ellos el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; y uno en Castilla y León, el presidente del Parlamento, José Manuel Fernández Santiago.

Pedreira habló ayer por primera vez con periodistas durante unos minutos, a las puertas del tribunal, antes de tomar declaración como imputados al ex secretario general del PP de Estepona y exconcejal Ricardo Galeote, y al empresario José Luis Ulibarri.

El juez explicó que la fase de instrucción "ya está terminada", y ahora prevé que el procedimiento "se terminará" con la legislatura, dando paso así a la celebración del juicio. La intención de Pedreira es dictar un auto antes del 15 de junio, en el que incluirá como imputados a, al menos, una decena de altos cargos del PP de Madrid -entre ellos, cinco alcaldes de grandes ciudades, dos diputados autonómicos y un exconsejero del Gobierno regional de Esperanza Aguirre- y es previsible que a dos antiguos aforados nacionales -entre ellos, el extesorero del PP Luis Bárcenas-.

Según fuentes jurídicas, el juez expondrá en su auto los hechos concretos que atribuye a los imputados, y decretará el sobreseimiento de la causa respecto de una decena de implicados. Estas fuentes no descartan que entre estos últimos se cuente alguno de los empresarios que se han visto salpicados por haber pagado al cabecilla de la trama, Francisco Correa, fuertes sumas de dinero a cambio de su mediación para obtener contratos públicos de Administraciones gobernadas por el PP.

Pese a los deseos de Pedreira, muchos abogados se muestran escépticos ante la posibilidad de que la instrucción esté finalizada antes del 15 de junio. Ese día está previsto que se constituya, tras las elecciones autonómicas del 22 de mayo, la nueva Asamblea de Madrid, en la que ya no estarán (porque el PP no los ha incluido en sus listas) los tres diputados de Madrid cuya implicación en el caso obligó al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, primer instructor de Gürtel, a inhibirse en favor de Pedreira. Entonces Pedreira tendrá que dejar la causa y remitírsela a otro órgano inferior, al haber perdido su fuero estos implicados. A eso se añade que aún quedan por completarse comisiones rogatorias en el extranjero, y peticiones policiales para desarrollar nuevas investigaciones dimanantes de documentos intervenidos en registros que aún está analizando la policía. Además, están pendientes de resolver los recursos presentados por los más de 60 abogados personados.

Además, hay dudas acerca de qué juzgado deberá asumir el sumario cuando lo deje Pedreira. Mientras unas fuentes sostienen que debe volver a su lugar de procedencia, es decir, el Juzgado de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional -en el que Pablo Ruz ha sustituido al ahora suspendido Garzón-, otros medios señalan que debe repartirse entre los juzgados de la plaza de Castilla.

Para entonces, el asunto estará totalmente desglosado y cada región y ciudad habrá asumido a sus implicados. Al no haber delitos supraprovinciales, desaparecerá la razón por la que el caso empezó a instruirse en la Audiencia Nacional. No obstante, fuentes jurídicas no descartan que Pedreira eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo para preguntarle que órgano judicial deberá seguir con la causa.

Por otro lado, la Fiscalía se ha opuesto a que la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, sea imputada porque el delito de cohecho impropio del que se le acusaba habría prescrito.