Las dos vías de Batasuna

La Sala del 61 del Tribunal Supremo se reúne hoy para analizar el incidente de nulidad presentado por Sortu, el partido nacido de Batasuna, contra su auto del 23 de marzo que se oponía a la inscripción de esa formación en el registro. Es un trámite previo a la presentación del anunciado recurso ante el Constitucional. Pero los plazos que requiere ese trámite hace imposible que un eventual pronunciamiento favorable del Constitucional se produzca a tiempo para que Sortu pueda presentar a tiempo sus candidaturas.

Esa situación permite a sus promotores poner en marcha simultáneamente dos itinerarios: el de Sortu hacia la legalización por el Tribunal Constitucional, que en caso de producirse sería presentado como prueba de la falsedad de las acusaciones de la Fiscalía y Abogacía del Estado, y de la sumisión del Tribunal Supremo al Gobierno; y el de Bildu, la coalición de dos partidos legales, EA y Alternatiba, con independientes ligados a la antigua Batasuna, para la participación en las elecciones de mayo.

No solo hay un pulso entre ETA y Batasuna, sino una pugna entre continuidad y cambio dentro de ellas

El ministro del Interior ha declarado que mirará con lupa las listas de esa coalición para descubrir la presencia contaminadora de miembros del partido ilegalizado; y el fiscal general del Estado, que cualquier partido que acogiera en sus candidaturas a miembros de tales partidos podría ver anuladas sus listas.

No será fácil: un auto del Constitucional de 2007 estableció que "nada impide que las personas individuales que formaron parte de los partidos ilegalizados" (...) puedan "volver a participar en la vida política integrándose en otras formaciones", salvo que haya evidencias de que es un intento fraudulento de dar continuidad a la actividad de tales partidos. Lo que remite a la cuestión de fondo: si ha existido o no una ruptura entre la Batasuna que actuaba como instrumento de la estrategia de ETA y la que crea Sortu, cuyos estatutos rechazan la actividad violenta.

Por otra parte, a los promotores de la coalición les bastaría con aplicar las pautas seguidas hace cuatro años por las listas de ANV que pasaron el filtro, para pasarlo de nuevo. Entonces, el Tribunal Supremo anuló todas las que habían sido impugnadas por la fiscalía (133, la mitad de las presentadas) con el arbitrario criterio de considerar contaminadas aquellas en las que se detectase como mínimo un 20% de candidatos con alguna relación anterior con Batasuna. ¿Con qué argumento podrían ahora ignorar ese precedente la fiscalía y el tribunal?

Para Batasuna lo importante no es el número de miembros anónimos de la izquierda abertzale que entren en las candidaturas, sino el llamamiento a votarlas que hagan sus dirigentes más conocidos. Eso es lo que marcará políticamente los resultados que coseche. Se trataría de un ensayo de la nueva estrategia de alianza independentista o soberanista, de la que Bildu sería el germen. El argumento para ese giro es que la estrategia de frente nacionalista de Lizarra fracasó porque la fuerza hegemónica era el PNV; mientras que en una alianza independentista, la fuerza mayoritaria sería Batasuna, lo que le permitiría forzar una negociación política para modificar el marco institucional en el sentido (autodeterminación y territorialidad) pretendido por ellos.

¿Es una utopía? Lo es dada la relación actual de fuerzas, pero podría no serlo tanto en referencia a Guipúzcoa. En las últimas elecciones forales en que Batasuna participó con sus siglas (1999, con tregua en vigor) alcanzó su techo electoral, el 19,7%, en el conjunto de Euskadi, pero superó el 28% en Guipúzcoa. En las últimas celebradas, las de 2007, los votos nulos auspiciados por la izquierda abertzale rondaron el 13% en el conjunto, pero llegaron al 22% en Guipúzcoa. Es probable que los teóricos de la izquierda abertzale sueñen con la posibilidad de que, sumando a los suyos los votos de EA y Alternatiba, y tal vez los de una parte del electorado guipuzcoano del PNV identificado con Egibar, Bildu sea en mayo la primera fuerza en ese territorio, convertido en campamento base para ulteriores metas.

Concretamente para las autonómicas de 2013, a las que, según el diseño previsto, la izquierda abertzale llegaría con Sortu legalizado por el Constitucional. Puede que ocurra, pero no es seguro, y tampoco que el Supremo vaya a dar luz verde a Bildu. Porque mientras esos planes maduran, ETA sigue en lo de siempre, como se ha vuelto a comprobar con el tiroteo de Francia y las capturas de arsenales en Vizcaya y Guipúzcoa. Y es poco realista suponer que ello pueda no incidir en las decisiones pendientes. En las de los tribunales, pero también en las de la izquierda abertzale. Seguramente no solo hay un pulso entre ETA y Batasuna sino una pugna entre continuidad y cambio dentro de cada una de ellas. La estrategia de frente independentista en alianza con partidos legales requiere la ausencia de ETA, lo que supone un cambio respecto a la estrategia político-militar tradicional; pero el intento de rentabilizar la violencia en una negociación política es un elemento de continuidad ya que para que el frente independentista tengan algo que negociar es preciso que ETA permanezca (al menos como amenaza latente).

No es fácil superar esa contradicción. Batasuna ya se ha visto obligada a ir más allá de lo previsto en su condena de los tiroteos de Francia. Y tendría que aprovechar el recurso ante el Constitucional para reforzar su credibilidad con nuevas razones. Es lo que hizo Iniciativa Internacionalista, la coalición para la que pidió el voto en las últimas elecciones europeas y que, tras su anulación por el Supremo, incluyó en su recurso de amparo elementos más explícitos de condena de la violencia que fueron apreciados por el tribunal para corregir la decisión anterior.

No se trata tanto de incluir una condena de la violencia pasada que se evita formular en los estatutos como de aplicar el compromiso de contribuir a la definitiva desaparición de ETA; ante todo, renunciando a jugar el papel de instrumento de la estrategia terrorista que le sigue atribuyendo la banda en los documentos que ha analizado la Sala del 61: un partido legal para participar en la mesa de partidos que negocie el cambio de marco político; junto a ello, un aval de su renuncia a la violencia sería que aplicasen ese cambio a situaciones como las de los presos que se han desmarcado de la banda; para apoyarles públicamente.