Las webs podrán esquivar la 'ley Sinde' en 48 horas

El Ministerio de Cultura archivará todos los procedimientos que se dirijan contra las páginas web que permiten la descarga no autorizada de archivos protegidos por derechos de autor si los responsables de esas webs retiran en el plazo de 48 horas los enlaces o los contenidos que hayan sido denunciados por los titulares de los derechos.

Esta es la principal novedad que introduce el reglamento que desarrolla la llamada ley Sinde que trata de perseguir las descargas "ilegales" en Internet de películas, música, libros, software y videojuegos. De esta forma, las webs que se acojan a la retirada voluntaria de los contenidos denunciados podrán eludir el procedimiento sancionador que prevé la ley y que, en último término y, bajo autorización judicial, puede llevar a su cierre.

Los creadores piden que se castigue a los dueños de las páginas "reincidentes"

Así consta en el artículo 20 del reglamento que obliga a la Comisión de Propiedad Intelectual, el organismo administrativo encargado de tramitar las denuncias, al archivo automático del procedimiento "sin más trámite" si los responsables de la web atienden a su primer requerimiento, aunque se "podrá acordar la reapertura del expediente archivado si se reanuda la actividad vulneradora".

Este punto del reglamento, cuyo borrador se filtró ayer, ha enfrentado a las dos partes que hasta ahora se presentaban como aliadas: el Ministerio de Cultura y la mayoría de la industria cultural, representada por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos.

Esta última, que engloba a estudios, discográficas y sociedades de gestión de derechos, augura un encadenamiento de procedimientos administrativos sin fin para evitar el cierre de las webs, por lo que exigen que se endurezca el reglamento, asegurándose la retirada de todos los contenidos ilícitos de forma permanente y penalizando a las webs de enlaces y a sus titulares que sean "reincidentes".

"Tal y como está redactada ahora la ley, el infractor puede retirar el contenido ilícito de manera temporal para conseguir el archivo del procedimiento y, posteriormente, volverlo a colgar en la Red, debiéndose iniciar otra vez el proceso administrativo mediante una nueva denuncia, entrando en una espiral sin fin, y la ley no habrá servido para nada", aseguró el presidente de la Coalición, Aldo Olcese.

Otro foco de conflicto ha sido el retraso en la aplicación efectiva de la ley. Los cálculos de la Coalición son que al tramitarse el reglamento por el procedimiento ordinario en lugar de por urgencia, las primeras resoluciones judiciales sobre el bloqueo de webs no se podrán dictar hasta finales de noviembre o diciembre de este año, lo que supondría un retraso de al menos cuatro meses sobre el calendario previsto por Cultura que preveía que en el mes de julio ya se podrían sustanciar las primeras denuncias. Previamente, se tendrá que designar a los miembros de la Comisión a propuesta de los Ministerios de Cultura, Economía, Industria y Presidencia.

Sin embargo, fuentes de Cultura han asegurado que los primeros cierres de webs se producirán "en torno a septiembre", una vez que el reglamento haya pasado por todos los organismos consultivos y sea aprobado en Consejo de Ministros, proceso que debería concluir "en julio o agosto".

"Se puede decir que este es un año perdido para la lucha contra la piratería. Hace un año había 300 webs piratas; este año hay 600", remató Olcese.