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Sanidad modificó la tramitación de un contrato del que se benefició Margüello

¿Hubo monopolio en el caso Margüello? Mientras que la anterior cúpula de Sanidad lo niega por activa y pasiva, la presidenta de la comisión parlamentaria que ha investigado las supuestas irregularidades en contratos sanitarios, Laura Garrido, entiende que sí lo hubo, según asegura en su propuesta de dictamen, enviada el viernes a todos los grupos.

Una de las razones que conducen a esa conclusión es la contratación de la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la Clínica Indautxu, Rehabilidom y Gestión de Servicios Sanitarios XXI. Estas dos últimas firmas están vinculadas al doctor José Carlos Margüello, exjefe de Calidad de Cruces y amigo personal del exconsejero de Sanidad Gabriel Inclán.

Inclán asegura que el actual Gobierno utiliza los mismos mecanismos que él

El texto de la comisión explica que en marzo de 2007 se inició el proceso de contratación por concurso público y tramitación ordinaria para realizar en centros privados consultas de especialidades, pruebas, rehabilitación y cirugía. El proceso se paralizó en julio de ese año ya que se presentó en el Parlamento un plan de choque sobre las listas de espera. En diciembre, la UTE lograba la adjudicación de otro contrato "muy similar" al anterior, esta vez por un procedimiento negociado sin publicidad.

Tanto el primer análisis de las supuestas irregularidades realizado por técnicos del departamento, como los informes del Tribunal de Cuentas entienden injustificado el cambio de forma de adjudicación.

Además de este contrato, Gestión de Servicios Sanitarios XXI logró otro, en verano de 2006, por el procedimiento de emergencia, reservado para situaciones de extrema necesidad, como catástrofes. En un documento repartido a los medios hace tres semanas, Inclán explicó ese cambio "para evitar la quiebra institucional que amenazaba con provocar un inminente acontecimiento de política legislativa", ya que se había aprobado el decreto de garantías de listas de espera. Además, justificó el uso de este tipo de procedimiento asegurando que la actual consejera de Educación, Isabel Celaá, ordenó el pasado verano cuatro contratos de este tipo.

Además, el Consejo de Gobierno tuvo que convalidar los pagos de 2007 y 2008 a Gestión de Servicios porque la Oficina de Control Económico del Ejecutivo no les había dado su visto bueno, algo a lo que resta importancia Inclán. El exconsejero asegura que en esos años se convalidaron 85 y 75 expedientes, respectivamente, frente a 92 en lo que va de la actual legislatura.

Dicha empresa obtuvo la autorización para contratar con Sanidad el mismo mes en que logró su primer contrato. El proceso comenzó en febrero, cuando su administradora, Edurne Fernández, pidió la autorización. Esta fue denegada en mayo por el entonces director de Sanidad en Vizcaya, José Ramón Elorriaga, quien aseguraba que la firma no necesitaba esa homologación.

Pese a ello, la administradora volvió a enviar una petición y logró una resolución favorable firmada el mismo día, el 9 de junio, aunque no fuese hasta 10 días después cuando el documento salió de la dirección territorial. En ese plazo, el entonces director de Régimen Jurídico envió un informe que de alguna manera respaldaba el movimiento. "José Ramón, dime si te sirve" se lee en él, como narra el dictamen provisional de la comisión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de abril de 2011