La comisión considera ilógico que Inclán desconociese las irregularidades

No tiene "sentido lógico" plantear que los responsables de Sanidad en las dos últimas legislaturas, cuando el peneuvista Gabriel Inclán dirigía el departamento, desconociesen las irregularidades en la contratación del departamento con determinadas empresas privadas, como es ilógico que tales irregularidades se realizaran sin su participación en ellas. Tal es la principal conclusión del dictamen provisional de la comisión parlamentaria que investiga el caso Margüello, al que ha tenido acceso EL PAÍS.

La autora del texto y presidenta de la comisión, la popular Laura Garrido, envió ayer su propuesta a todos los grupos parlamentarios para que hagan sus alegaciones. A lo largo de sus 67 páginas, el documento relata las irregularidades registradas a partir de 1996, poniendo el acento en las que se produjeron entre 2002 y 2009, con Inclán al frente del departamento, y restándoselo a la gestión de su antecesor, el hoy alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna.

El texto apunta a la participación del exconsejero en la trama

El documento provisional -el definitivo se hará público una vez lo apruebe el pleno del Parlamento después de las elecciones municipales- resalta que se "reiteran las actuaciones irregulares", pese a las advertencias que habían hecho los distintos organismos de control, como la Oficina de Control Económico (OCE) del Gobierno. Una de las razones que se esgrimen para argumentar la implicación de Inclán y su equipo en lo que el actual departamento ha llegado a definir como una "trama" es el hecho de que los pagos a una de las empresas cuestionadas, Gestión de Servicios Sanitarios XXI, tuvieron que ser convalidados por el Consejo de Gobierno tanto en 2007 como en 2008. La OCE emitió un informe negativo, obligando a Inclán a pedir la convalidación, por dos millones de euros en total, para pagar a la empresa, lo que no "legaliza" el contrato.

Otro de los aspectos que critica la propuesta de dictamen es que no está acreditado en todos los contratos que los responsables de las empresas tuvieran compatibilidad para contratar con Sanidad. En este sentido el texto se remite al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que concluyó que tanto el exjefe de Calidad del Hospital de Cruces, José Carlos Margüello, suspendido de su puesto durante seis años, como sus socios, los médicos Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga, eran incompatibles para contratar con Sanidad. Y ello porque realizaban otras tareas más allá de ser socios con menos del 10% de las acciones en las empresas en cuestión. Esto haría que la contratación fuese nula. El actual departamento negó que Climent y Zubiaga fueran incompatibles.

Las conclusiones también resaltan que "se ha constatado la participación de responsables de la anterior Administración en negociaciones entre empresas privadas, dirigidas a resolver las carencias de Gestión de Servicios", en referencia al exdirector de Sanidad vizcaíno, José Ramón Elorriaga. Este alto cargo medió a favor de Gestión de Servicios Sanitarios XXI para que lograse un contrato con una clínica privada.

El caso se mueve en torno a varias empresas, sobre todo Medical Dom, de la que eran socios Margüello, Climent y Zubiaga, encargada de la atención urgente a domicilio, y Gestión de Servicios Sanitarios XXI, la firma intermediaria que gestionó las listas de espera de Vizcaya. Este contrato es "cuanto menos sospechoso", a pesar de que se evitó el procedimiento para validar a esta empresa como posible contratada por Sanidad.

La propuesta de dictamen recoge también las principales conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas: hubo aumentos de tarifas "extraordinarios" -en 2008 del 19%, aunque la media era del 3%-, procedimientos que limitaban la concurrencia de otras empresas, prórrogas ilegales y una autorización sanitaria en la que se obvió el procedimiento a seguir.

Entre sus recomendaciones, la comisión propone remitir sus actuaciones a la fiscalía, "al objeto de que se depuren las responsabilidades que con arreglo a derecho correspondan".