CC OO paralizó una investigación interna sobre los ERE en 2009

El sindicato Comisiones Obreras paralizó en 2009 una investigación interna que buscaba aclarar las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. La comisión ejecutiva de la sección de textil y químicas (Fiteqa) de Málaga propuso informar a la ejecutiva regional "de las posibles irregularidades de los fondos públicos en la Federación de Andalucía", según refleja el acta de la comisión ejecutiva del 8 de julio de 2009. Pero CC OO frenó en seco la iniciativa bajo la amenaza de expulsar a la ejecutiva malagueña y sustituirla por una gestora.

Los impulsores de la investigación propusieron dar información "sobre prejubilaciones con fondos públicos" a la Dirección General de Trabajo de la Junta andaluza, que les había advertido de que ya entonces investigaba los posibles fraudes. Esa supuesta investigación que les había comunicado el entonces director general de Trabajo Juan Márquez, sucesor de Javier Guerrero, no tuvo frutos, y el escándalo no trascendió hasta que un año más tarde lo descubrió el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla.

Los sindicalistas de Málaga quisieron sumarse a Empleo en sus pesquisas

Fiteqa Málaga proponía en su denuncia "instar consulta a la Seguridad Social sobre posibles prejubilaciones y condiciones estipuladas para tal fin a liberados de la Federación de Andalucía [de Fiteqa]". Además, pedía los justificantes de los 17.000 euros que la federación regional "traspasó de la cuenta de Málaga en 2008". Pero el pulso no prosperó ya que las advertencias de Fiteqa Andalucía fueron taxativas y suponían descabezar la ejecutiva malagueña de un plumazo.

CC OO creó una comisión instructora que abrió un expediente sancionador a la ejecutiva malagueña, pero finalmente cerró el caso en noviembre tras la retirada de cuatro polémicos puntos propuestos cinco meses antes y que habrían destapado la práctica irregular de incluir intrusos (personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas).

La comisión instructora aclaró que como los cuatro puntos propuestos por la ejecutiva malagueña se quedaron sin efecto ya que los habían retirado, "se debe considerar dar por resuelto el caso, cerrar el expediente sancionador incoado y dar por terminado nuestro trabajo", concluyó el 25 de noviembre la comisión, presidida por Juan Antonio Florido, secretario de organización de Fiteqa Andalucía.

El secretario general de CCOO Andalucía, Francisco Carbonero, admitió el pasado lunes que conoció la petición de investigar el caso, pero afirmó que nunca fue informado de la amenaza de expulsión de los denunciantes y el cierre de la investigación, pese a que su secretario de organización, Miguel Ángel Soto, estuvo al tanto de la resolución del conflicto. "Las acusaciones iban contra personas más que contra la organización y se les pidió pruebas porque suponía una difamación. Retiraron la propuesta porque no tenían pruebas", aseguró Florido, prejubilado en el ERE de la empresa Hytasal. "Eso no es cierto. Nadie nos pidió pruebas. La respuesta fue o retiráis la propuesta de investigación o estáis todos expulsados", recuerda uno de los sindicalistas afectados que pide el anonimato.

Fiteqa ha negociado numerosos ERE en la provincia de Málaga donde posteriormente fueron introducidos intrusos como el de Hitemasa (5) y Bonpunt (11), supuestamente con la connivencia de Guerrero y la consultora Vitalia. Tanto CC OO como UGT percibían de manera indirecta el 1% de las subvenciones destinadas a los ERE a través de su participación en Atlantis Seguros (el 40% del capital) por sus gestiones e intermediación. En el expediente de Delphi, la minuta de Atlantis alcanzó 1,2 millones, cobrada a través de la consultora Uniter.