Treinta años después

Hoy, 6 de abril, se cumplen exactamente treinta años desde la promulgación del vigente Estatuto de Galicia, que había sido aprobado en referéndum en el mes de diciembre del año anterior. El tiempo transcurrido entre la aprobación del Estatuto en plebiscito y su promulgación fue debido a la grave tensión que vivía entonces la sociedad española, que desembocó en el intento de golpe de Estado del 23-F, siendo precisamente el desarrollo autonómico una de las causas de aquella crispada situación. Así pues, recordar el pasado en una fecha tan señalada no es un ejercicio inútil. Al contrario, sirve para ver la dirección y la magnitud de los cambios subsiguientes.

Uno de los problemas más delicados que hubo que abordar en los primeros años de la transición a la democracia residía en la necesidad de dar una respuesta adecuada a las aspiraciones de autogobierno de las nacionalidades históricas. La idea dominante entonces en los círculos de poder consistía en reconocer -por inevitable- el derecho a la autonomía política a Cataluña y Euskadi, y reconducir el resto del proceso a una mera descentralización administrativa que evitase una drástica transformación del viejo aparato centralista. El esquema diseñado no solo negaba a Galicia su derecho al autogobierno, sino que pretendía asignarle el triste papel de ejemplo para las autonomías de segundo orden. Los estrategas de aquella operación, entre ellos Pérez Llorca y Alfonso Guerra, albergaban la esperanza de que Galicia, con una derecha hegemónica y reticente con la autonomía y con un nacionalismo radicalmente enfrentado al Estatuto, sería fácilmente utilizable para imponer su modelo restrictivo.

Cabe exigir ahora la responsabilidad que tuvimos los redactores del actual Estatuto

La historia posterior, no por conocida, carece de interés. La izquierda, cuyo papel determinante en este proceso es de justicia reconocer, formuló con claridad la defensa de la autonomía y convocó, con éxito, las mayores manifestaciones políticas de la historia del país -el 4 de Nadal de 1979-, gracias a las cuales Galicia evitó su marginación y conquistó un Estatuto similar al vasco y al catalán, y jugó un papel decisivo en el diseño posterior del Estado autonómico. Hoy, treinta años después, Galicia dispone de un importante poder político, la conciencia de país ha crecido exponencialmente y el autogobierno ha sido asumido por el conjunto de la sociedad. En el corto espacio de tiempo que en términos históricos representa un tercio de siglo, el Estatuto ha alcanzado un amplio consenso social y político al convertirse en el punto de encuentro de todas las fuerzas políticas y de la mayoría de los ciudadanos.

Especialmente relevante es la mutación experimentada en el sistema de partidos desde la entrada en vigor del Estatuto. La derecha, agrupada en el PPdeG, ha pasado de su iniciada oposición al Título VIII de la Constitución a asumir el Estatuto. El Bloque ha evolucionado desde un rechazo beligerante de la autonomía a la aceptación formal del Estatuto, y los socialistas gallegos, con altibajos, han empezado a comprender que su papel no puede limitarse a ser una organización mecánicamente dependiente de la cúpula estatal del PSOE.

Pero todo en la vida es finito, empezando por la vida misma. Y es evidente que, en este aniversario de nuestra Ley Fundamental, empiezan a resquebrajarse algunos de los logros a los que me he referido más arriba. En primer lugar, es notorio que desde que Núñez Feijóo dispone de poder -primero como jefe de la oposición y ahora como presidente de la Xunta-, se ha roto el consenso político que ha presidido un largo ciclo político de nuestra autonomía. Dicha ruptura ha impedido la necesaria reforma del Estatuto y, consecuentemente, ha reducido prácticamente a cero el papel que Galicia juega en el diseño del Estado, en contraposición con el protagonismo que había desempeñado en el reciente pasado. A todo lo cual hay que añadir la ofensiva antiautonomista y recentralizadora que impulsan el PP y determinados sectores del PSOE.

Por eso, y pese a las dificultades apuntadas, me permito aprovechar el treinta cumpleaños de nuestro Estatuto para emplazar a las tres principales fuerzas políticas gallegas para que logren el acuerdo necesario que haga posible la reforma estatutaria, algo que dotaría a las instituciones de autogobierno de una gran estabilidad y proyección de futuro y dotaría a Galicia de una capacidad negociadora, de la que hoy carece, para defender sus intereses y derechos como nacionalidad histórica. En definitiva, cabe exigir que los dirigentes llamados a protagonizar hoy los cambios necesarios tengan la misma responsabilidad que hace treinta años mostramos los redactores del actual Estatuto de Galicia.