Amenazas falsas, acoso y llamadas ocultas

España es junto con Portugal el único país de la UE en el que el sector del cobro de deudas no está regulado. No existe un registro de las empresas que se dedican a ello, aunque se calcula que son 800. Esto da lugar a múltiples abusos por parte de estas compañías, que antes de llevar a un titular ante los tribunales (lo que sólo hacen cuando ven claras opciones de éxito), ejercen una fuerte presión psicológica sobre ellos, moviéndose por el filo de la legalidad. Y traspasándolo a menudo.

La mayoría desconoce qué sucede exactamente cuando uno deja de pagar y los gestores utilizan esta falta de información para asustar a los deudores. La amenaza con incluirle en un listado de morosos o de ejecutar ipso facto una orden de embargo se usan por norma cuando, en el caso del embargo, antes debe haber una larga y costosa resolución judicial. Las amenazas se acompañan de un acoso sin tregua: el deudor recibe un bombardeo de llamadas, cartas y SMS reclamando el pago (en ciertos casos también se hacen visitas en persona). Si no se obtiene respuesta, a veces se da un paso más, llamando a familiares, a los vecinos o al trabajo.

Falso paquete de Correos

Para lograr que el deudor contacte con ellos, los cobradores a veces no se identifican como tal. Verónica (nombre ficticio), una madrileña que lleva siete años trabajando en el sector, cuenta el siguiente truco: "Nos identificamos ante los vecinos como si fuéramos de Correos, les damos nuestro número y les pedimos que le digan al deudor que le estamos buscando para entregarle un paquete".

Otras veces se identifican ante los deudores como si trabajaran en la empresa con las que estos mantienen la deuda y no como una empresa de recobro, una forma de intentar evitar que el titular se desentienda de esta nueva empresa con la que nunca firmó un contrato. Además, para evitar que los deudores identifiquen su teléfono y no respondan, estas firmas usan triquiñuelas, como llamar desde números ocultos o por medio de centralitas que llaman desde un número de móvil. No sirve de nada memorizarlo. Al cabo de unos días, cambia.

Además de ante la AEPD, se pueden denunciar estos abusos ante el Ministerio de Industria, las Oficinas Municipales de Información al Consumidor y las asociaciones de consumidores.