El caso sigue

El caso del espionaje político, que salpicó al Gobierno de Esperanza Aguirre hace tres años, sigue vivo, a pesar de los esfuerzos de los responsables de la Comunidad de Madrid por enterrarlo e incluso darlo por inexistente. La Audiencia de Madrid ha ordenado que se siga investigando, en contra de la decisión de archivarlo de la juez Carmen Valcarce. Pero no solo mandan proseguir con las actuaciones. En el auto que reabre el caso, los jueces consideran que, "de lo actuado, aparecen indicios suficientes de la comisión del delito de malversación de caudales públicos".

Es difícil encontrar un caso que haya tenido que vencer tantos obstáculos para abrirse camino en el ámbito judicial. Al obstruccionismo del Gobierno de Aguirre se ha añadido una instrucción abúlica y desganada, además de una inusual pasividad de la Fiscalía de Madrid. Si la Audiencia ha podido reabrir el caso es por el recurso en solitario, en el ejercicio de la acción popular, presentado por el grupo socialista de la Comunidad de Madrid.

Resulta escandaloso que la Fiscalía de Madrid se haya opuesto al recurso, entendiendo que el espionaje a oponentes políticos, aunque haya sido realizado por funcionarios, con dinero del contribuyente, no era un delito tipificado en el Código Penal. Sin contar, por añadidura, que puede ser un caso de manifiesto uso abusivo del poder y de un atentado contra la intimidad de las personas. También resultó impropio por parte de la dirección del Partido Popular obligar a las principales víctimas del espionaje, Manuel Cobo y Alfredo Prada, a resignarse con el archivo y a no recurrir en bien del partido, tal como les aconsejó la secretaria general popular, María Dolores de Cospedal. Esto sucedió poco antes de que el PP insistiera en la idea de que con Zapatero, los españoles estaban poco menos que bajo la férula de un Estado policial.

La decisión de la Audiencia de Madrid constituye un serio varapalo a la juez instructora y a cuantos han contribuido a obstaculizar o empantanar la investigación. No solo señala que existen indicios suficientes que avalan los seguimientos a Cobo y a Prada sino que da la vuelta, convirtiéndolas en un indicio en su contra, a las declaraciones vagas, imprecisas e increíbles que dieron los funcionarios encargados de los seguimientos.

Resalta, por su fuerza lógica, el argumento de la Audiencia para vincular el espionaje con la malversación de caudales públicos. Si lo es, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, usar tiques de gasolina, ¿cómo no va a serlo servirse de funcionarios para fines ajenos a la causa pública? Nuevamente se ha intentado que EL PAÍS revelara sus fuentes de información -el entonces dirigente del PP Juan José Güemes llegó a acusar a este periódico de fabricar los partes del espionaje-, pero la Audiencia rechaza la pretensión. El secreto profesional del periodista es un derecho constitucional. En este caso, además, el trabajo periodístico se vio refrendado por la investigación.