El juez cita a Cospedal por acusar sin pruebas al PSOE
Dijo que los socialistas espían al PP en Castilla-La Mancha
La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, está citada a las 10.30 por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Toledo por una demanda de conciliación de los socialistas castellano-manchegos. El PSOE pide a Cospedal (presidenta regional del PP y candidata en las elecciones de mayo) que se disculpe y retracte por "las falsas acusaciones sin pruebas de haber ordenado contratar detectives privados para el seguimiento de militantes o dirigentes" populares.
En concreto, la demanda se refiere a sus declaraciones en el comité regional del PP del 27 de enero: "A muchos de nosotros el Partido Socialista les ha puesto detectives privados, fijaos bien, detectives privados". El PSOE pide que "reconozca que realizó una manifestación incierta".
La clave de esta denuncia es Isidro García, gerente de Detectives Almirante. El PP señala que fue miembro de la lista socialista en Alovera (Guadalajara) en 2007. Y le acusa de espiar ahora a la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, del PP. García ha reconocido ser militante de base, pero ha negado haber investigado al PP por indicación del PSOE y ha tachado de "montaje" la acusación.
El secretario de Organización del PSOE regional, José Manuel Caballero, afirmó al presentar la demanda: "Es un desprecio absoluto por la verdad decir que porque este empresario sea militante socialista signifique que el partido ha contratado sus servicios".
¿Contrató entonces alguien al detective? Sí, le contrató Jesús Manuel Rubio, funcionario municipal de Ciudad Real, que ha denunciado al Ayuntamiento el presunto acoso laboral que sufre desde 2008 por parte de varios altos cargos y ediles, y de la propia alcaldesa.
En 2007 sustituyó como arquitecto a Emilio Velado, nombrado director general. Pero, según denuncia, este le mangoneó, le involucró en rencillas políticas ("estás conmigo o contra mí"), le instó a cometer irregularidades e incluso le ordenó contratar a una determinada empresa de mobiliario urbano. Todo ello con la aquiescencia de la alcaldesa, la citada Rosa Romero.
Se da la circunstancia de que dos cargos municipales (diferentes a los denunciados por este acoso) están imputados judicialmente por un caso de corrupción que salpica a la regidora y al PP de la ciudad.
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