La policía detiene a otras 17 personas por los ERE fraudulentos

La policía judicial prosigue su investigación por los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos subvencionados por la Junta andaluza, al margen del conflicto entre el Ejecutivo y la juez del caso, y la bronca política casi diaria entre PP y PSOE. Los agentes han detenido en las últimas semanas a 17 intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas) que tras su declaración fueron puestos en libertad. Además, el exdirector general de Trabajo Javier Guerrero, que dispuso del fondo para empresas en crisis dotado con 647 millones, ha declarado en sede policial como imputado.

La Junta ya identificó a estas 17 personas en su investigación interna, que elevó a 72 el número de polizones. De este modo, la investigación acumula 32 detenidos por la policía y 14 imputados por la juez. La mayoría de los imputados han declarado como detenidos en comisaría, pero hay algunos, como el exconsejero Antonio Fernández, que no ha sido detenido por la policía.

Un exalcalde, que ha devuelto 110.000 euros, figura entre los detenidos

Entre los imputados están, además de Fernández, el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el conseguidor Juan Lanzas, su mujer y una cuñada.

Los intrusos están acusados de un delito de tráfico de influencias, según refleja un informe policial incorporado a las diligencias judiciales, aunque es previsible que sean acusados de cohecho, ya que percibieron pólizas entre 100.000 y 200.000 euros solo por sus vínculos de amistad con políticos, sindicalistas e intermediarios.

Entre los falsos prejubilados que declararon como detenidos destaca Rafael Rosendo, que fue alcalde de El Pedroso (Sevilla), y que ha entregado a la juez un acta notarial en la que consigna 110.000 euros cobrados de manera fraudulenta.

Rosendo estuvo en el ERE de la empresa Cydeplast pese a que nunca trabajó allí, y hace tres semanas manifestó ante la juez su sorpresa al percatarse de que su póliza era ilegal. Su hijo, el exconcejal y empresario Juan Enrique Rosendo fue copropietario de la empresa Matadero de Sierra Morena, que percibió 9,2 millones en subvenciones directas desde la Consejería de Empleo.

Entre los detenidos también figura una persona de iniciales J. A. G. R. que cobró una póliza de 460.000 euros debido a una deuda que la Consejería de Empleo tenía con la multinacional CFP Servicio de Prevención por sus cursos y servicios. La Dirección General de Trabajo abonó el dinero a este particular sin vinculación directa con la empresa vasca mediante el ERE de Cydeplast, subvencionado por la Junta con 6,6 millones de euros en 2007.

Asimismo está incluido el exconcejal y anterior secretario de política municipal del PSOE en Camas (Sevilla), José Antonio García Prieto, que figura como intruso en dos ERE diferentes, pese a que nunca trabajó en ellas. García Prieto percibió 1.900 euros al mes como falso prejubilado desde 2003 y hasta 2008, cuando se jubiló. "En 2007 cumplí 61 años y hablé con Guerrero

[Javier Guerrero, ex director general de Trabajo] para jubilarme a los 63, y me dijo que sin problema. Poco después firmé la ampliación en una segunda póliza", declaró el exedil a este diario.

Por otra parte, la magistrada del caso Mercedes Alaya ha pedido a la Junta de Jueces de Sevilla que le exima de otros asuntos ante la entidad de la instrucción de los ERE fraudulentos, informó Europa Press. La Junta de Jueces se reúne hoy para analizar la petición realizada por la magistrada y el escrito se elevará posteriormente a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJA).

El periodo en el que Alaya dedicaría todo su tiempo a este caso oscilaría entre tres y seis meses. Hace un año la magistrada ya estuvo exenta del reparto de asuntos durante tres meses debido a la "excesiva" carga de trabajo, causada, entre otros asuntos, por el caso Mercasevilla. Una vez finalizados los tres meses señalados, la juez no solicitó la prórroga de la medida durante el mismo periodo temporal. Alaya investiga, además, otro asuntos de envergadura como el supuesto delito societario cometido por Manuel Ruiz de Lopera como máximo accionista del Betis.