El PP exige al Gobierno que entregue las actas reservadas que pide la juez

Aunque en un primer momento el PP se resistió a crear un gran revuelo -como ha hecho en todo lo relacionado con el caso de los ERE- de la negativa del Ejecutivo andaluz a entregar a la juez que instruye el caso todas las actas de los Consejos de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad (unas 480 reuniones), ayer sí que reclamó el traspaso inmediato de la documentación. Lo pidió la portavoz parlamentaria, Esperanza Oña, en una reunión de la junta de portavoces, y luego le secundó la portavoz del partido, Rosario Soto, en conferencia de prensa.

Oña acusó al gabinete de José Antonio Griñán de trabar a la justicia, en tanto la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, no solicite lo que le conviene al presidente de la Junta. "Le dicen a la juez que no le mandan los documentos que les requiere porque no le sirven. ¿Desde cuándo es el Gobierno el que decide lo que un juez tiene que pedir?", señaló la popular, quien calificó esta postura de "algo absolutamente patético y sin precedentes".

El portavoz del PSOE muestra su "estupor" por las filtraciones

Rosario Soto se centró más en la misma naturaleza de las actas y mantuvo una postura mucho más matizada. "No hay motivo alguno para que sean reservadas, no refleja ni las deliberaciones ni los votos individuales", dijo. La dirigente explicó que, según el artículo 30.3 de la Ley del Gobierno andaluz, en las actas del Consejo de Gobierno debe figurar exclusivamente cuándo y dónde se ha celebrado la reunión, los asistentes, los "acuerdos adoptados y los informes presentados", y en ningún caso las deliberaciones, opiniones y votos individuales.

"Si la juez está pidiendo las actas será porque entiende que son necesarias para clarificar la trama y, si hay una parte que la Junta entiende que es reservada", según Soto, que el Gobierno no le remita esa parte. La portavoz fue muy prudente sobre el carácter reservado o no de las actas, y recalcó que el PP no va a entrar a valorar "lo que tiene que considerar la juez por la falta de colaboración".

Ayer no hubo debate parlamentario sobre el caso de los ERE ni tampoco la convocatoria de un pleno extraordinario, como quería el PP, pero sí una fuerte colisión entre los dos grandes partidos. La reunión de la junta de portavoces que se celebró para dirimir las dos primeras cuestiones se convirtió en el campo de batalla para cruzar una vez más todo tipo de acusaciones y sacar a relucir los trapos sucios que PSOE y PP se atribuyen.

La petición de los populares de habilitar un pleno monográfico del caso de los ERE se topó con el rechazo de la mayoría absoluta del PSOE, pese a que Izquierda Unida acompañó a los conservadores en su demanda.

Mario Jiménez, el portavoz socialista, argumentó que carece de sentido convocar a la Cámara de forma excepcional cuando este asunto se ha debatido muchas veces, y respecto a que el Gobierno andaluz está dando información a diario, tanto a la juez que instruye el caso como a la sociedad y a los partidos. El socialista recriminó al PP su obstinación en "hacer daño" al PSOE y al presidente de la Junta con "mentiras y demagogias". Y para ello echó mano de frases un tanto tremendistas, como lo único que mueve al PP es la "sed de persecución y sangre" para tratar de forzar el adelanto de las elecciones. Hasta el punto, aseguró Jiménez, de que el 80% de las iniciativas que los populares han presentado en las últimas semanas en la Cámara están relacionadas con el caso de los ERE. "Ya no les preocupa ni el empleo ni la crisis, solo les interesa mentir".

Esperanza Oña igualó en el tono a su adversario y en algunos momentos lo superó. Para defender la necesidad de que Griñán explique los pormenores del caso en el Parlamento, recurrió a una cita del emperador romano Claudio: "Es necesario que la ponzoña aflore a la superficie".

La popular dijo que, lejos de colaborar con la justicia y ser transparente, el Gobierno andaluz y el PSOE se han dedicado con ahínco a tapar cada una de las vías que se abren para arrojar luz sobre el caso. Y mencionó varias veces la "implicación directa" de Griñán y de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves.

También hubo un roce entre Jiménez y el portavoz de IU, Diego Valderas, al recriminarle el primero que resucitara la pinza con el PP para ahogar al PSOE.

Aunque los socialistas aseguran que no van a cuestionar ningún paso que dé la juez, el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, sí mostró su "estupor" al ver que la información que está remitiendo la Junta de Andalucía al juzgado sale publicada "a los cinco minutos" en los medios de comunicación, incluso antes de que la conozcan las partes personas en el caso, informa Lourdes Lucio. La instructora es la encargada de custodiar esta información. En rueda de prensa, Jiménez no quiso opinar sobre si el fiscal debería haber puesto reparos a la petición de Alaya de pedir todas las actas del Gobierno, ni si debe ser el Consejo General del Poder Judicial el que debe elevar una queja por esta petición. Pero pese a su prudencia, sí quedó clara su "preocupación".