Un policía imputado del 'caso Faisán' se reconoce en la grabación

Uno de los tres imputados del caso Faisán, el inspector José María Ballesteros, es la persona que figura en la grabación realizada por la policía el 4 de mayo de 2006, cuando supuestamente se produjo un chivatazo a José María Elosúa, propietario del bar Faisán y presunto integrante de la red de extorsión de ETA, en el que se le advertía de que había en marcha un operativo policial y que podía ser detenido en cualquier momento. Ballesteros había sostenido desde el primer momento de la investigación que él estaba por la zona e incluso que había estado dentro del bar.

El juez Pablo Ruz ha levantado parcialmente el secreto de las actuaciones en las que figuran la cinta VHS de videovigilancia número 122, que contiene imágenes indubitadas de Ballesteros. El magistrado había ordenado la confección de un estudio pericial antropométrico, sobre complexión, rasgos faciales y morfología corporal para tratar de identificar a la persona que aparecía en el citado vídeo. Los dictámenes periciales señalaban a Ballesteros como la persona que aparecía en la grabación, por lo que fue citado a declarar.

El citado inspector aparecía en tres momentos en el vídeo: entre las 11.14.05 horas y las 11.14.10; entre las 11.30.03 y las 11.30.08, y entre las 11.46.15 y las 11.46.25, tiempos a los que había que añadir un desfase horario de tres minutos. En su declaración, Ballesteros reconocía su presencia física en el bar, tal y como reflejaban las imágenes del vídeo. Ello no quiere decir que Ballesteros reconociera que fuera la persona que entregó un móvil a Elosúa, en el que fue advertido de que estaban siendo vigilados y que podían ser detenidos en cualquier momento.

Tras la declaración, a petición del fiscal, el juez ordenó la libertad provisional de Ballesteros, aunque con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado más próximo a su domicilio.

Por otro lado, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional ya ha deliberado sobre el recurso presentado por Víctor García Hidalgo, en el que sostiene que los hechos no constituyen delito de colaboración con banda armada, y notificará su resolución en los próximos días. En caso de que el tribunal dé la razón a García Hidalgo, el caso pasaría a un juzgado de Irún (Guipúzcoa).