Gondomar aparta a funcionarios para poder dar licencias de obras

El Ayuntamiento de Gondomar está concediendo licencias urbanísticas sin el visto bueno de la secretaria municipal ni de la técnica de la materia, y con el aval de un asesor jurídico externo contratado ex profeso con este cometido. Lo que para el BNG constituye un nuevo escándalo y la "disolución" de facto del Gobierno local, para el alcalde, el popular Martín Urgal, se trata de una forma de reactivar el sector de la construcción y crear puestos de trabajo en una localidad que lleva más de cinco años sin edificar vivienda nueva.

A través de una resolución rubricada por el regidor el pasado 18 de febrero, ambas funcionarias han sido apartadas de sus funciones en materia urbanística. Cuatro días después, se firmaba un contrato de asesoría jurídica con el abogado José Martínez Torea, con duración de seis meses y por el que percibirá 17.500 euros. La interventora había emitido anteriormente un informe desfavorable sobre la idoneidad de esta contratación, en el que constataba que ya se habían contratado sus servicios para asesoramiento urbanístico.

La secretaria y una técnica municipal han sido apartadas de sus funciones

El BNG denuncia que se "ha disuelto de facto" el Gobierno local

Según el Bloque, al Ejecutivo local "no le gusta" cómo realizaban su labor estas dos funcionarias, algo que se puso de manifiesto durante un pleno de hace unos meses, en el que el teniente de alcalde, el tránsfuga socialista Alfonso de Lis, arremetió contra la secretaria y la acusó de "obstruccionista". Sin embargo, el regidor asegura que no tiene "nada en su contra" y justifica esta decisión en que sus servicios son más necesarios en Intervención, para agilizar el pago de las facturas pendientes del Ayuntamiento.

Ante esta situación, argumenta, lo más adecuado era contratar un abogado que le asesore y complemente la labor del aparejador y del arquitecto municipal. Con este nuevo cuadro ha empezado a dar licencias para "arreglar tejados" y para la construcción de "casitas unifamiliares", pero no edificios. De este modo, prosigue, se puede generar empleo en el sector de la construcción. Con el plan general anulado por sentencia judicial y el nuevo en fase de elaboración, el Gobierno salido de la moción de censura de 2009 rescató las Normas Subsidiarias de Planeamento de 1991, avalado por un informe jurídico de la Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo.

Por el contrario, el nacionalista Antón Araúxo considera que se trata de un nuevo escándalo con el que se pretende "engañar a los ciudadanos". A su juicio, estas licencias son nulas de pleno derecho, y recuerda que por una actuación similar la justicia condenó a su predecesor, Carlos Silva, actualmente inhabilitado, y a toda su Junta de Gobierno. La diferencia estriba en que las licencias concedidas por Silva sí contaban con el informe de los técnicos municipales, aunque fuese contrario. "Ahora ni eso", remacha Araúxo.

Así, lamenta que se vuelva a la "inseguridad jurídica" en la vida municipal, y se pregunta quién va a custodiar ahora los expedientes de urbanismo, una tarea que corresponde a la secretaria. En su opinión, "se ha disuelto el Ayuntamiento" y se ha actuado con "irresponsabilidad". "Es como si un alcalde, porque no le gusta que la policía local ponga muchas multas, manda a los agentes a ver llover y contrata a Prosegur", añade.

Además, explica que han llevado el caso ante la Consellería de Presidencia, la Fiscalía de la Audiencia Provincial y la Subdelegación del Gobierno, por un posible delito de prevaricación. De hecho, advierte que el alcalde, al que tacha de "monicreque que firma lo que le manda" De Lis, se está jugando ir a la cárcel. "Que me pongan una docena [de denuncias], fíjate si tengo miedo", respondió Urgal.