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De Andrés rechaza el sobrecoste de la AP-1 y reivindica su gestión

El candidato del PP niega que se fijase un tope de precio

El portavoz del PP en las Juntas Generales de Álava, Javier de Andrés, se aferró ayer a una interpretación del monto de la obra de la AP-1 diametralmente opuesta a las esgrimidas por la Diputación para rechazar que se haya registrado un sobrecoste de 73 millones de euros. El también candidato a diputado general por su partido el 22-M negó que las Juntas Generales fijasen un tope de 122 millones para la construcción de la autopista Eibar-Vitoria alegando que "estas obras se suelen encarecer durante su ejecución". Y añadió que, en todo caso, el coste adicional en el tramo alavés supone apenas el 7% escudándose en no se ha dado a conocer el coste final del tercer tramo.

De Andrés se mostró "orgulloso" de su gestión al frente de Obras Públicas en la pasada legislatura y añadió que la infrastructura ha sido realizada en un precio "extraordinariamente ajustado y oportuno". También expresó su "enorme satisfacción" por la sentencia que limita a 4,2 millones la cuantía que la Diputación tendrá que abonar a las empresas encargadas de la construcción del tramo alavés de la autovía -reclamaban 31 millones-. De Andrés atribuyó lo ocurrido a "la buena gestión realizada por los técnicos de la Diputación que participaron en la ejecución de la AP-1, que ajustaron a los precios reales la obra, y a que ha habido una buena defensa de la labor de los técnicos por parte de Vias de Alava". 24 horas antes, el teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, aprovechó el fallo judicial para lanzar duras críticas contra la gestión de De Andrés y pedir al PP que retire su candidatura para los próximos comicios. "Voy con el cartel de haber contribuido en el desarrollo de una autopista importantísima para Alava, realizada en un precio extraordinariamente ajustado y oportuno", replicó el dirigente popular.

Una comisión en Juntas confirmó en 2005 la existencia de irregularidades

A pesar de que una comisión de investigación de las Juntas Generales dictaminó en 2005 la existencia de irregularidades en la licitación y ratificó la existencia de un desfase económico, con el voto favorable de todos los partidos a excepción del PP, los populares mantienen que el sobrecoste fue del 7%. De Andrés sostuvo que este incremento es el resultado de sumar el del tramo 1, entre Echávarri y Luko, (3,1 millones) con el del tramo 2, Luko-Arlaban, (4,2 millones). También añadió que falta por saber el precio final del túnel del tramo 3, encargado a Guipúzcoa, del que 1.300 metros corresponden a Álava. "Puede que Rodríguez conozca el coste final", recalcó.

Para De Andrés, estos 7,3 millones de euros de incremento suponen una cifra "muy buena en una obra de esta magnitud" y recalcó que la Ley de Contratos del Estado considera precio normal un aumento del 10% del precio de adjudicación. Y concluyó que el incremento del precio de los tramos alaveses no se debió a errores sino a que se contrataron "más unidades de obra", lo cual también estaba previsto en el pliego de condiciones.

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