Las agresiones a médicos y enfermeras superaron las 1.800 en 2010

La agresión que sufrieron tres trabajadoras del centro de salud El Naranjo, en Fuenlabrada, hace casi un mes no va a quedar como un hecho aislado y sin consecuencias del que no se vuelve a hablar. El ataque, en el que dos administrativas y una enfermera resultaron heridas después de que un hombre entrara en el centro y las asaltara con un hacha, ha desencadenado protestas tanto de los sindicatos como del Colegio de Médicos, que piden más seguridad. El año pasado los profesionales (médicos, enfermeras, administrativos) denunciaron más de 1.800 agresiones en centros de salud y hospitales, según datos que la Consejería de Sanidad facilitó a los sindicatos en una reunión el viernes pasado. Un encuentro que las organizaciones habían pedido expresamente para tratar un asunto que les preocupa y del que, aseguran, solo se conoce "la punta del iceberg".

Las 1.800 agresiones se corresponden con casi 1.000 trabajadores que las comunicaron al Registro Madrileño de Agresiones y Conflictos (Remac), una base de datos centralizada creada en febrero de 2009 a la que los sanitarios acceden a través de un formulario online. Un 9% de las agresiones fueron físicas, mientras que en el 45% de los casos se trató de insultos y vejaciones; en el 33%, de coacciones; en el 10% el agresor ocasionó daños materiales y un 3% de los incidentes denunciados fueron amenazas. Según los datos ofrecidos a los sindicatos -Sanidad se negó a facilitarlos a este periódico-, más de la mitad de las agresiones se produjeron en hospitales (56%). Cuatro de cada 10 casos (41%) ocurrieron en centros de salud y el 3% afectaron a los profesionales de urgencias del Summa 112.

Desde el sindicato CSIT-UP recuerdan, sin embargo, que al interpretar las cifras hay que tener en cuenta que las agresiones son más comunes en atención primaria, ya que tiene más actividad y más trabajadores que la especializada. Los centros de salud madrileños atendieron 53 millones de consultas en 2010, frente a los 11 millones de consultas y los 2,6 millones de urgencias de los hospitales. Sanidad reconoció en la reunión del pasado viernes que los datos del Remac reflejan solo una pequeña parte de las situaciones de violencia verbal o física que se producen en la región, asegura Beatriz Ogando, representante del sindicato médico Femyts que participó en el encuentro. La Consejería se ha comprometido a explotar mejor los datos del registro para conocer, entre otras cosas, las causas de las agresiones, el perfil de los atacantes, las consecuencias (bajas laborales) de esas situaciones, etcétera.

Sanidad también va a elaborar un "mapa de riesgos" en el que identificará los centros o zonas más conflictivos. Una medida que debería haberse puesto en marcha en 2004, cuando se aprobó una orden que establecía directrices para elaborar planes de "prevención y atención frente a potenciales situaciones conflictivas con los ciudadanos en los centros e instituciones sanitarias públicas". El mapa debe "identificar los puntos críticos" de la región a partir de la información de los servicios de prevención de las áreas. Las 11 áreas sanitarias en las que se dividía la región han desaparecido con la Ley de Libre Elección, que establece un área única. Los sindicatos quieren que Sanidad unifique el protocolo de actuación ante las agresiones.La Consejería de Sanidad se comprometió el viernes a iniciar una campaña informativa entre los profesionales para animarles a denunciar las agresiones, según los sindicatos que participaron en la reunión. Es una de las propuestas que CSIT-UP había presentado. Además, el sindicato pidió formación para enseñar a los sanitarios a manejar situaciones de conflicto y un refuerzo de la seguridad en todos los centros, algo que el Colegio de Médicos también ha solicitado. CSIT propone sustituir las tarjetas identificativas (en las que figura el nombre y apellidos del trabajador) por otras que contengan un código que solo conozca la Administración.

La elaboración del mapa de puntos negros de conflictividad probablemente implicará la instalación de más medidas de seguridad. De hecho, tras el ataque de Fuenlabrada, el centro de salud ha colocado una mampara que separa a los administrativos del público. Varias de estas pantallas de seguridad se retiraron de los centros hace unos años porque daban mala imagen, según fuentes sanitarias. Cuando sucedió el ataque, el vigilante de seguridad rotaba entre siete centros de la zona. Ahora está siempre en el de Fuenlabrada.

La Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias (Avinesa) presentó en octubre pasado un estudio que concluía que la principal causa de agresión es la negativa de un médico a expedir una baja laboral. Añadía que los distritos más conflictivos de la capital son Vallecas y Carabanchel.