El juez pasa la cruz al político

La justicia europea salva el crucifijo presente en muchas aulas italianas pero deja a los Estados la patata caliente de los símbolos religiosos en espacios públicos. La sentencia, inapelable, fue recibida ayer como una derrota de los laicistas. En todo caso tendrán que ser los políticos los que decidan este asunto en cada país.

La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, integrada por 17 jueces, revocó ayer una sentencia anterior de la Corte y decidió (15 votos contra dos) que la presencia de crucifijos en las aulas de las escuelas italianas "no viola el derecho de los padres a asegurar la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones religiosas o filosóficas" ni constituye adoctrinamiento para el alumno. La Gran Sala concluye, además, que las autoridades italianas han actuado "dentro del margen de apreciación que tiene cada Estado (...) para respetar el derecho de los padres a asegurar una educación conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas".

El crucifijo, según el tribunal, "no supone un factor de adoctrinamiento"

"La ciudadanía va por delante de políticos y jueces", dice Europa Laica

El Gobierno italiano y El Vaticano se felicitan del nuevo criterio judicial

Extremadura llegó a un acuerdo antes de que resolvieran los tribunales

Los tribunales han hablado, y parecen dejar, en último extremo, la cuestión de la libertad religiosa y la neutralidad del Estado en manos de los países. "El tribunal pone tanto énfasis en buscar el consenso de los Estados, el mínimo común, que está desnaturalizando la imparcialidad del Estado ante la libertad religiosa, la neutralidad que debe presidir el ámbito público", afirma el catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, Juan Ferreiro (Universidad de A Coruña). Cree que podría interpretarse, por sentencias anteriores, que está habiendo un doble rasero. "Por un lado, cuando se refiere a los símbolos religiosos que portan los ciudadanos, que son los titulares del derecho, se prohíbe llevar hiyab, por ejemplo, hay varias sentencias en contra; pero cuando deben pronunciarse sobre la neutralidad de los Estados, fallan a favor de los símbolos católicos".

"Es sobre todo un símbolo religioso, pero no hay ninguna prueba de que su visión en los muros de un aula escolar pueda tener influencia sobre los alumnos", afirma la sentencia. Es justo lo contrario de lo que decía el fallo anterior, que fue recurrido por el Gobierno italiano. Y tampoco piensa así la italiana Soile Lautsi -que dio origen a este pleito-. La mujer pedía la retirada de los crucifijos del colegio público al que iban sus hijos porque, decía, violaban su derecho a educarlos en los valores del laicismo.

"¿No está probada la influencia sobre los alumnos? No lo sé, lo que sí está probado es que la ausencia de crucifijos no afecta a nadie. El contexto más idóneo para que prevalezca la libertad de los individuos es el neutral", replica Ferreiro a la Gran Sala. El caso ha suscitado gran interés entre varios países europeos, porque aunque la sentencia no es directamente vinculante, marca jurisprudencia para casos similares que se puedan presentar ante el tribunal en el futuro.

Preguntado por si la sentencia cierra definitivamente la puerta a que otros Estados prohíban los crucifijos en las escuelas, un portavoz del Tribunal comentó a EL PAÍS que "la sentencia es definitiva en relación a Italia; aunque no sienta una cuestión de principio, porque el dictamen cita el margen de maniobra de cada Estado para legislar sobre la materia educativa y la Corte juzga cada caso de forma individual, sí es significativa porque cambia el sentido de la primera decisión". "La sentencia afirma que, en el caso de Italia, el crucifijo no supone un factor de adoctrinamiento de los alumnos, pero en otros casos eso podría ser juzgado de manera distinta", añadió el portavoz.

Ferreiro opina que los argumentos son "flojos" y cree que "siguiendo esta inercia, si algún país legislara, el Tribunal le dejaría hacer, porque la sentencia es poco contundente a la hora de establecer principios de identidad europeos sobre la laicidad".

La decisión de la Gran Sala, presidida por el francés Jean Paul Costa, supone una derrota sin paliativos para los laicistas y abraza las tesis de la Iglesia católica y del Consejo de Estado italiano, que invocó decretos aprobados en los años veinte del siglo pasado para negar la retirada de los crucifijos.

El alcance de la sentencia se pudo calibrar en la reacción eufórica tanto del Gobierno de Silvio Berlusconi como del Vaticano. El director de la sala de prensa vaticana, Federico Lombardi, expresó su "satisfacción con una sentencia decisiva y que hace historia". Radio Vaticana añadió que es una "victoria histórica de Italia y de cuantos pensaban que retirar los crucifijos es una cosa absurda".

Por la mañana, el presidente del Pontificio Consejo para la Cultura del Vaticano, el cardenal Gianfranco Ravasi, había declarado que "el crucifijo es uno de los grandes símbolos de Occidente", y había advertido que "si Europa pierde la herencia cristiana" pierde también "su propio rostro". Para la ministra de Educación, Mariastella Gelmini, "se trata de un gran respaldo a la defensa de un símbolo irrenunciable de la historia y la identidad italianas".

Massimo Albertin, el médico de Abano Terme (norte de Italia), que inició hace ocho años con su mujer y sus hijos la batalla legal, se mostró apenado: "La decisión de Estrasburgo me decepciona mucho, porque la primera sentencia había sido clamorosa". También el Rabino jefe de Roma, Riccardo di Segni, mostró su decepción: "Decir que el crucifijo es un símbolo cultural es, en mi opinión faltarle al respeto. Yo no me reconozco como un símbolo cultural".

Las organizaciones laicas en España tampoco han sonreído al conocer esta sentencia, pero vuelven la mirada hacia los políticos. "Ya no solemos dar mucha importancia a las sentencias sobre libertad religiosa y de conciencia, acostumbrados como estamos al conservadurismo de la judicatura. Creemos que en este asunto, como en tantos otros, la ciudadanía va por delante de la política, y esta, de los jueces. Un Estado moderno debe atender las reclamaciones de sus ciudadanos y hay que evitar que se legisle a golpe de sentencia. A veces los tres poderes se obstaculizan entre sí", defiende el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado.

Los pocos ejemplos que pueden hallarse en España han aterrizado en el ámbito jurídico. Fernando Pastor ganó su particular batalla por un espacio neutral en las aulas en el tribunal contencioso administrativo número 2 de Valladolid. Era noviembre de 2008. El asunto tuvo mucha repercusión. Tanta, que el año pasado, un caso similar en Badajoz se resolvió cuando estaba a punto de llegar al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La Administración llegó a un acuerdo con el demandante para quitar los símbolos religiosos. A pesar de ello, no evitaron la publicidad y el acuerdo es vinculante.

¿Están los tribunales fallando a la ciudadanía en su petición de espacios públicos neutrales? ¿Y los políticos? "No sé si la ciudadanía va por delante, a veces no", dice la portavoz de Somos Iglesia, Raquel Mallavibarrena. "Pero nosotros, católicos, creemos que en España estos símbolos no representan más que el nacionalcatolicismo. Un crucifijo presidiendo el aula no es deseable, porque hay que ver cómo integrar a ateos, católicos y de cualquier creencia. Eso es un Estado laico, sin privilegios para ninguna confesión. Y así ha de ser, aun cuando en el aula fueran todos católicos", señala.

Pero no opina lo mismo, ni parecido, el secretario general de la Federación de colegios católicos (FERE), Juan Antonio Ojeda: "Esta sentencia introduce cordura. Un crucifijo en la pared no es un acto impositivo, sino que puede ser interpretado como un instrumento de diálogo. La religión no debe utilizarse para enfrentarnos. La gente sencilla de los pueblos se extraña cuando piden que se quiten. ¿Por qué, si forma parte de nuestra historia, de nuestro arte?".