El fiscal pide dos años para Eufemiano Fuentes

Cuatro años y 10 meses después de que la intervención de la Guardia Civil destapara una de las mayores tramas de dopaje conocidas, la Operación Puerto empieza a vislumbrar el fin del laberinto judicial en que se convirtió. Ayer, el fiscal formuló ante el juzgado de instrucción número 31 de Madrid un escrito de acusación en el que solicita que se abra juicio oral en un juzgado de lo penal a cinco de los acusados: los médicos Eufemiano Fuentes, José Luis Merino Batres y Yolanda Fuentes, y los directores deportivos Manolo Saiz y José Ignacio Labarta. Considera a todos ellos "autores de un delito continuado contra la salud pública" y solicita para ellos una condena de dos años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para el ejercicio de su profesión, aparte de una multa de 18 meses a 30 euros diarios.

El médico y su hermana también están implicados en la Operación Galgo

Fuentes jurídicas calculan que transcurrirá un año antes del juicio

Uno de los acusados, Eufemiano Fuentes y su hermana Yolanda se hallan también implicados en la Operación Galgo contra el dopaje, llevada a cabo por la Guardia Civil en diciembre. Asimismo en ella había sido detenido Alberto León, a quien también acusa el fiscal de la Operación Puerto, y para quien también habría solicitado el procesamiento si no hubiera muerto en enero pasado.

Teniendo en cuenta los trámites que quedan, el retraso de los juzgados de lo penal en Madrid y que ninguno de los acusados está en prisión, fuentes jurídicas calculan que transcurrirá más de un año antes de que los acusados se sienten en el banquillo.

En su escrito de acusación, el fiscal considera que el médico deportivo Eufemiano Fuentes y el hematólogo Merino Batres se dedicaban a "prácticas tendentes a elevar el rendimiento físico de ciclistas" mediante la transfusión de concentrados de hematíes a partir de la sangre que previamente extraían a los propios deportistas. Después de centrifugarla para separar el plasma de los glóbulos rojos, congelaban los productos sanguíneos resultantes mediante un proceso de glicerolización (añadían glicerol a los glóbulos rojos para evitar que reventaran), con lo que podían conservarlas sin daño durante varios meses. Después, llegado el momento en el que el deportista necesitaba el aporte de hematíes para elevar su rendimiento en las pruebas deportivas en que participaba, se transportaba al lugar requerido las bolsas, que se descongelaban y su contenido se reinfundía. Todo esto, señala el fiscal, se hacía mediando "una contraprestación económica".

En connivencia con ellos, según el fiscal, actuaban Manolo Saiz, director del equipo ciclista Liberty, Ignacio Labarta, director del Comunidad Valenciana, y Yolanda Fuentes, médica de este último. Todos ellos, y el fallecido Alberto León, contrataban sus servicios a cambio de una remuneración económica y llevaban a cabo planificaciones deportivas y programaciones dopantes, y procedían a "extracciones y transfusiones sanguíneas que se llevaban a cabo en habitaciones de hotel y sin las suficientes garantías higiénico-sanitarias, transportando todo el material en mochilas sin refrigeración y sin una identificación clara de las muestras".

El fiscal basa su acusación en declaraciones de varios ciclistas que declararon como testigos y en lo hallado durante los registros practicados el 23 de mayo de 2006, cuando se llevó a cabo la Operación Puerto tras varios meses de investigación policial. Lo más espectacular de lo hallado fueron unas 200 bolsas de sangre y plasma y las planificaciones dopantes de decenas de deportistas, la mayoría ciclistas. Solo algunos -Ivan Basso, Jan Ullrich, Michele Scarponi, Alejandro Valverde...- fueron identificados y sancionados deportivamente. Dado que el juez de instrucción negó a las autoridades deportivas las pruebas necesarias para expedientar a los deportistas, los demás no fueron suspendidos y cayeron en una suerte de limbo jurídico que les privó de correr con los mejores equipos las mejores carreras. Según fuentes de la fiscalía, en el juicio oral las autoridades deportivas podrán solicitar al juez las pruebas para proceder a sancionar a los deportistas culpables. Al escrito del fiscal se debe sumar ahora el de la acusación particular -la federación española, la internacional y el Consejo Superior de Deportes están personados y pueden pedir una pena mayor- y los escritos de las defensas antes de que el juez abra el juicio oral.