La UCI reclama sanciones de cuatro años por dopaje

Inmersa en su política de gestos y grandes palabras en lo concerniente a la lucha contra el dopaje, la Unión Ciclista Internacional (UCI) ha decidido jugar la baza del aumento de sanciones.

Ayer, su Consejo de Ciclismo Profesional (CCP, órgano consultivo para el World Tour, el circuito que comprende a los mejores equipos y las mejores carreras y está coordinado por el español Javier Barrio) decidió solicitar que la sanción mínima en caso de dopaje con sustancias o métodos calificados de "duros" (eritropoyetina, transfusiones sanguíneas, anabolizantes, dopaje genético) pase de los dos años actuales a cuatro años. Así mismo, la UCI estudiará la creación de un malus, un castigo en puntos (la base de clasificación por equipos que permite a los 18 mejores del mundo pertenecer al World Tour) a aquellos conjuntos que contraten corredores que hayan cumplido una sanción por dopaje. Esta medida recuerda al código ético, un acuerdo por el que los equipos se prohibían a sí mismos contratar a corredores que hubieran sido sancionados, y las grandes carreras admitirlos.

En la reunión del CCP, celebrada en Milán, donde mañana se inicia la temporada de clásicas con la Milán-San Remo, no estuvieron presentes ni los representantes de los equipos ni los de los corredores, enfrentados a la UCI pues están en contra de la prohibición de los pinganillos. Como ambos estamentos habían anunciado medidas de presión a favor del pinganillo, el presidente de la UCI, Pat McQuaid, decidió no permitirles acudir a la reunión. En respuesta, los equipos han anunciado que si el 1 de mayo la UCI no permite los pinganillos, boicotearán la Vuelta a Pekín (5 a 9 de octubre), la única prueba del calendario del World Tour que promueve y organiza la propia UCI, para sí no perjudicar a otros organizadores.