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El Parlamento dará hoy vía libre a la nueva Ley de Caza

La norma fija un límite de 100 metros como zona mínima de seguridad

El pleno del Parlamento va a aprobar en su reunión de hoy el proyecto de Ley de Caza, tras el consenso alcanzado entre los grupos durante su debate en la comisión correspondiente. La ley es la undécima que se aprueba en la actual legislatura, incluyendo en esta relación los proyectos de presupuestos.

El camino para contar con esta ley no ha resultado fácil y ha sacado a la luz un enfrentamiento latente entre cazadores -cerca de 100.000 residentes en Euskadi con licencias de caza- y baserritarras. Las primeras negociaciones entre los partidos y los diferentes colectivos que van a resultar afectados por la regulación datan de 2007, con el tripartito de Juan José Ibarretxe. Se llegó a redactar un primer borrador de anteproyecto que nunca llegó a tener carácter oficial y que establecía, según el sindicato agrario Enba, una distancia de seguridad con respecto a las zonas de caza de 200 metros para los edificios habitables aislados (chalés y caseríos) y de 250 para los núcleos rurales, esteblecimientos de turismo rural y granjas. Sin embargo, la Asociación para la Defensa del Cazador y Pescador Vascos (Adecap) asegura que "entonces no se consensuaron unas distancias de seguridad".

El texto es la undécima ley que se aprueba en la presente legislatura

Cazadores y 'baserritarras' discrepan sobre los límites de seguridad

En cualquier caso, tales distancias han supuesto a lo largo de estos años el principal punto de desacuerdo entre el sindicato agrario y la mencionada asociación. El primero reclamaba que nunca fuese inferior a los 500 metros con respecto a zonas habitadas, aunque finalmente accedió a "reducir a más de la mitad sus pretensiones para alcanzar un consenso", señalan fuentes de Enba. Así las cosas, la distancia quedó fijada durante la tramitación del proyecto de ley en la comisión parlamentaria correspondiente en 200 metros de distancia en los núcleos rurales y 150 metros respecto a los enclaves habitados aislados.

Los cazadores no veían adecuado este último punto debido a la gran cantidad de construcciones que salpican los montes de Euskadi, que la mayor parte del año permanecen vacías. Pese a todo, el pacto alcanzado en torno al texto parecía firme y los hipotéticos cambios se antojaban complicados, pero el primer dictamen sobre la ley surgido de la comisión parlamentaria deparó sorpresas. A petición del PP, la distancia se rebajó de 150 a 100 metros, iniciativa que contó con el respaldo del resto de grupos. El razonamiento defendido por las asociaciones de cazadores fue considerado válido, además de que esos 150 metros eran el resultado de un cálculo difícil de gestionar desde un punto de vista administrativo: aplicar un perímetro de 50 metros alrededor del inmueble en cuestión y sumarle una distancia de seguridad de 100 metros.

La nueva ley deroga la normativa de 1970, que fijó una distancia de 50 metros para ese caso. "Hemos sufrido una derrota contundente, dolorosa y sin paliativos, ya que no hemos conseguido ni un metro. Pedíamos 500 metros de distancia y la cosa se ha quedado en 100, lo que querían los cazadores desde el principio", critican fuentes del sindicato agrario. Esos 100 metros se aplican para caza menor, porque para la mayor el límite se sitúa en 200 metros.

El presidente de Adecap, Juan Antonio Sarasketa, recuerda que "los perdigones tienen un alcance de entre 60 y 80 metros, por lo que nunca se rebasarían el límite establecido. Además, siempre se dispara de espaldas al caserío o inmueble en cuestión".

Enba lamenta que la ley vasca vaya a ser de "las más permisivas del Estado" y destaca que los grupos de cazadores se han reservado "una distancia de 250 metros de seguridad entre sí".

Sarasketa replica que nunca se ha producido un accidente y que en Francia ni siquiera existen fijadas distancias legales de seguridad. El responsable de la asociación considera "aceptable" la nueva normativa, aunque se muestra prudente sobre su futuro desarrollo reglamentario. Enba también prepara actuaciones en torno a la aplicación de la ley con la intención de intentar modificar algunos de sus aspectos que por ahora prefiere no precisar.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 17 de marzo de 2011