El juez investiga más contratos de la trama
Errexal recibió 160.000 euros del Consejo vizcaíno del 'txakoli' cuando lo presidía el hijo de Arzalluz - El magistrado analiza además las relaciones con un constructor
Nada es igual en la política alavesa desde el 17 de marzo de 2010. Hace hoy un año, la Ertzaintza, en una operación que se rodeó del máximo secreto para evitar cualquier filtración, detenía a ocho personas vinculadas con una supuesta trama corrupta, conocida desde entonces como el caso De Miguel, que salpica al núcleo del PNV alavés, presidido por Iñaki Gerenabarrena. El arresto y posterior imputación de, entre otros, el ex diputado foral Alfredo de Miguel o el entonces dirigente peneuvista alavés Aitor Tellería, a raíz de una denuncia interpuesta en diciembre de 2009 por un presunto intento de cobro de comisiones en torno a la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano, fue solo el comienzo.
El Consejo tiene su sede en Leioa, donde San Juan fue edil peneuvista
La Ertzaintza ultima su informe económico sobre la trama
Asier Arzalluz tiene una relación muy cercana con varios imputados
Desde entonces los encargados de las pesquisas, Roberto Ramos, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, y el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, han ido tirando de los distintos hilos de la trama, con el apoyo de la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza, para descubrir si operaciones de las empresas vinculadas con los 16 imputados encubrían más supuestas ilegalidades.
En los últimos tiempos, el magistrado ha incluido en sus pesquisas más contratos sospechosos, entre ellos uno entre Errexal, empresa administrada por el exedil del PNV de Leioa Iñaki San Juan, último imputado en la causa, con Mendibile Jauregia, una asociación de la que depende la sede social, sita en esa localidad, del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Vizcaya, según consta en el sumario. Tanto la asociación como el Consejo estaban presididos cuando se realizaron los contratos entonces por Asier Arzalluz, hijo del expresidente del PNV Xabier Arzalluz. Asier Arzalluz mantiene una relación muy cercana con varios imputados. Errexal logró unos 160.000 euros en total.
El juez investiga la adjudicación a Errexal de la realización de distintos servicios mediante procedimiento negociado, en el que se invita a tres empresas a ofrecer sus servicios para después decantarse por la mejor oferta. Es posible que las otras dos compañías que se presentaron también estén relacionadas con la trama. La investigación busca determinar si existió alguna irregularidad en la adjudicación y si los honorarios pagados se corresponden con los trabajos efectuados.
Las cuentas de Errexal reflejan tres pagos de la asociación Mendibile Jauregia: 47.513 euros en 2007, 59.475 euros al año siguiente y otros 52.248 en 2009. También consta otro pago de 20.010 euros de un Consejo Regulador de una Denominación de Origen, aunque el documento con el detalle de las cuentas de la compañía, al que ha tenido acceso EL PAÍS, no especifica cuál.
La asociación sin ánimo de lucro lleva el nombre del edificio donde está situada, el Palacio Mendibile de Leioa. El inmueble forma parte del patrimonio histórico de dicha localidad vizcaína, donde San Juan ejerció como edil del PNV. La entidad nació a iniciativa del Consejo Regulador y del Ayuntamiento para "aportar un proyecto asociativo novedoso referente en el sector del vino", según su web. Además de tener un restaurante, gestiona un museo y un centro de negocios. El Consejo, que tiene allí su sede, está formado por seis representantes de los productores y elaboradores, un presidente y un vicepresidente, así como dos vocales de la Administración (Gobierno y Diputación de Vizcaya). Arzalluz dejó su presidencia en 2009.
San Juan fue citado como imputado en la causa enero después de que la Ertzaintza centrara sus pesquisas en dos facturas emitidas que suman unos 30.000 euros de la tuneladora Hard & Wear Technologies por la supuesta realización de dos eventos de los que su administrador dijo no recordar nada. Errexal y otra compañía bajo su mando, Ortzi Muga, recibieron más de 150.000 euros en contratos de Cultura de los cuales apenas consta rastro documental oficial.
El juez ha ampliado también sus pesquisas a las transacciones entre empresas de la trama con compañías vinculadas al constructor Prudencio Hierro. Durante su etapa como gestor de varios industrialdeas, De Miguel le encomendó la construcción de pabellones por valor de varios millones de euros. También recibió otro contrato investigado para la edificación de pabellones en el municipio del Valle de Arana adjudicado por un familiar de Iñaki Gerenabarrena y está relacionado en una operación en torno unos terrenos en Frúniz. También fue el encargado de la reforma de la nueva sede del PNV en la Plaza de la Virgen Blanca.
La investigación sigue a la espera de que la Unidad de Delitos Económicos finalice en los próximos meses su informe definitivo del caso.
El PNV plantea más de 50 enmiendas al borrador de la 'comisión Zambrana' Ofensiva peneuvista para el control de daños
Desde el 17 de marzo de 2010, el PNV ha vivido un auténtico año negro al estallar en la provincia donde menos respaldo electoral tiene uno de los mayores escándalos de supuesta corrupción que le ha salpicado. Lo ocurrido no solo solo tensionó el ambiente en Álava, debilitando la posición de su presidente provincial, Iñaki Gerenabarrena. El caso De Miguel también ha incidido en la brecha entre los dos sectores del partido, el autonomista, con el presidente del partido, Iñigo Urkullu a su cabeza, y el soberanista liderado por Joseba Egibar, que se ha mostrado mucho más comprensivo con los imputados.
Urkullu intentó imponer desde el principio un discurso de tolerancia cero forzando la dimisión de sus cargos y la entrega de los carnés de militantes de los imputados y lanzando afirmaciones cargadas de autocrítica como "puede que alguna hoja se pudra", pero "el árbol
[del PNV] seguirá en pie, vivo y fuerte".
Al sentirse respaldados por el discurso más benévolo de Gerenabarrena, los imputados, varios de ellos personas de su máxima confianza, hicieron oídos sordos durante meses a la petición de Urkullu. El desaire se hizo aún más evidente cuando accedieron a hacerlo en enero tras reunirse con Egibar.
En paralelo, el PNV ha decidido mantenerse a la ofensiva en las dos comisiones que investigan lo ocurrido de forma paralela a la justicia: la del Parlamento vasco y la de las Juntas Generales de Álava. Allí, sus representantes aprovechan el mínimo resquicio para intentar que el escándalo pase a un segundo plano. Su grupo juntero presentó ayer más de 50 enmiendas parciales al borrador de las conclusiones elaboradas por el presidente de la comisión foral, el mpopular Javier Ruiz de Arbulo, que apuntan al PNV alavés como centro de la trama que impulsó la fallida recalificación de terrenos de Zambrana.
El PNV es el único grupo que presenta una enmienda a la totalidad. Las parciales del PSE no parecen cuestionar las líneas generales del borrador, aunque intentan limar algunas expresiones que consideran demasiado valorativas y concretar el papel jugado por Sprilur en la operación, , según fuentes de la comisión. PP, EA y ANV también plantean modificaciones parciales.
Las fechas clave del caso
- Diciembre de 2009: La abogada Ainhoa Alberdi interpone una denuncia por un presunto intento de cobro de comisión por parte de la trama tras conseguir un contrato para asesorar en el proceso de ampliación del Parque Tecnológico de Miñano. La letrada presentó varias grabaciones para respaldar su versión.
- 17 de marzo de 2010: La Ertzaintza detiene a ocho personas: el entonces diputado alavés de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel; el responsable del semillero de empresas del parque y dirigente peneuvista Aitor Tellería; el responsable financiero de Miñano, Koldo Ochandiano; sus respectivas esposas; el máximo responsable del parque, Alfonso Arriola; y Jon Iñaki Echaburu, constructor y exsocio de Alberdi en Urbanorma, la empresa que cobró 441.000 por dicho asesoramiento. A lo largo de la investigación, el número de imputados ha subido hasta 16.
- Mayo de 2010: El juez recibe un anónimo invitándole a indagar sobre los vínculos entre la fallida recalificación de Zambrana y la construcción de la nueva sede del PNV en Vitoria.
- Julio 2010:El juez imputa a Tellería y a dos ertzainas por su implicación en una supuesta trama de espionaje político tras encontrar seis documentos de ordenador en los registros. Semanas después, Urkullu les pide en público que entreguen sus carnés.
- Agosto de 2010:La juez Zulueta acepta una denuncia de los imputados del espionaje contra ocho periodistas para investigar si se filtró el sumario. - Enero 2011. Arrancan las comisiones de investigación en el Parlamento y en las Juntas Generales. En la primera, las comparecencias empiezan con el desaire de varios imputados que optan por no acudir. Tras el reproche del EBB, comparecieron, aunque casi siempre sin responder a preguntas. Tras reunirse con Egibar, De Miguel, Tellería y Ochandiano entregan sus carnés.
- Marzo 2011:La comisión Zambrana apunta al PNV alavés como centro de la operación urbanística en sus conclusiones provisionales.
