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Reportaje:Debate sobre el futuro de Sortu

Cautela y desconfianza ante la presencia de Sortu

Corcuera: "El problema es moral y ético, no solo jurídico" Álvarez: "El nuevo partido cumple con la legislación"

Pregunta. ¿Creen que la legalización de Sortu es, todavía, posible si sus estatutos cumplen todos los requisitos legales?

Javier Corcuera: Los estatutos si los lees son limpios, perfectos y con una concreción sorprendente. Pero el tema que se plantea, no solo es jurídico. Además, es moral y ético, y eso, también, tiene que ver con el Derecho. Aunque, no siempre es fácil distinguir. El problema es si un partido o un colectivo político que ha sido considerado como ETA, sigue siendo ETA o no. ¿Eso quiere decir que esta gente sigue siendo ETA? Pues es lo que lo tendrá que resolver el Tribunal. Hay una cuestión relacionada con esto que me parece importante; y es que no sería bueno que cuarenta años de ETA desaparecieran como si no hubieran pasado. En ese sentido es necesario que esta sociedad entierre a ETA, o ETA se entierre a sí mismo. Además, tendría que haber una ruptura explicita para que podamos considerar que una etapa ha acabado. Si no la hay, no debían de ser legalizados, porque ETA sigue existiendo.

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Juan José Álvarez. No depende tanto de ideologías, porque en el plano del ciudadano nos movemos entre el voluntarismo de querer pensar que efectivamente esto determina la irreversibilidad del proceso, y la enorme desconfianza. Si algo ha caracterizado a la sociedad vasca es una especie de austeridad emocional ante algo que llevamos tanto tiempo esperando. ¡Pensad en los anteriores procesos! Ninguno se ha iniciado por la izquierda abertzale, ninguno. Creo que es un dato importante. No sé si por oportunismo, por oportunidad o porque no quedaba otra, pero su contador se ponía a cero. Pero en los anteriores, como en 2006, socialmente había una cierta euforia, a veces contenida. En este, desde el primer momento, hemos frenado todos, diciendo: "bueno, hasta aquí!". Salvado este primer matiz, creo que el debate va a tener un recorrido judicial, que podría volver a acabar en Estrasburgo en la hipótesis de una no admisibilidad del amparo. El problema a analizar es si la legalidad formal es suficiente o no.

P. Pero si cumplen la Ley de partidos y la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, ¿vulneran o no la legalidad democrática?

J. J. Á. Hay una vía que es la de ejecución de sentencias que es la que ha empleado lógicamente la fiscalía y la abogacía del Estado, porque no necesita de mayor convicción probatoria, sino la de un silogismo. Es entender que Batasuna es ETA. La pregunta es si eso es suficiente para no tirar de ejecución de sentencia, y estimar que es factible que personas que han estado arropando o dando cobertura ideológica al mundo de ETA, ahora realmente nominalicen a ETA con la boca pequeña. Pero lo han hecho, y ha representado una cierta catarsis en su discurso.

J. C. Este es el problema, no si esta gente se presenta a unas elecciones. Realmente, es saber si continúan o no la actividad de un partido ilegalizado. Y hay algunas razones para pensar que sí, pero habrá que ver.

P. ¿Pero entonces que se les exige? ¿Qué paso más deben dar?

J. C. Les debemos exigir una manifestación clara de ruptura con ETA, y un explícito llamamiento a ETA para pedir que se disuelva. Eso es en este momento lo que necesita este país, que desaparezca ETA. Sería el gran paso.

P. Por un lado ese sería un paso para la legalización, pero al mismo tiempo no se pueden legalizar mientras no den el paso. ¿Se puede dar la contradicción entre lo que es ético y moral, y la interpretación de las leyes?

J. C. Puede el tribunal pedirle esa declaración y preguntar si hay una condena explícita.

J. J. Á. Me muevo en los dos planos. Has comentado algo que a mí me encantaría, y que no descarto que si lo necesitan hacer de aquí a un mes lo hagan, que es, pedir que ETA cese. El escenario en el que ETA se disuelve, no porque se lo pedimos los partidos y los ciudadanos democráticos, sino porque lo pide "su propia gente". Es un escenario en el que desde el punto de vista de la no derrota militar "salva los muebles" con dignidad. Pero la pregunta es, si jurídicamente, a día de hoy, eso es lo que cabe exigir como label de incorporación al ámbito democrático.

J. C. Has dicho una cosa, "su propia gente", y ese es el problema. Todos, todos lo tenemos bastante claro. Y eso es lo que debería de mantenerse, la consigna de obligar a esa gente a renunciar explícitamente a su historia que tiene vinculación con ETA, no a sus planteamientos, ni a sus ideales de independencia y de socialismo.

P. Pero en las leyes no está escrito que tú tienes que condenar un pasado...Volvemos al debate jurídico y ético-moral... tenemos el ejemplo de la Transición.

J. C. En la transición todos aceptamos la amnistía. La hubo. No nos olvidamos de nada, pero decidimos no levantar banderas, no pedir que fuera a la cárcel aquel guardia civil, o algún ministro de Franco. Eso se cerró con la amnistía. La cuestión es que esta sociedad tendría que empezar de cero, porque una sociedad democrática no existiría con esos silencios, con esas complicidades. Eso iba a ser una dificultad importantísima.

P. Sí, pero hay sociedades, como la francesa, en donde De Gaulle, tras la guerra, hace creer a todos los franceses que han sido resistentes. Y durante treinta años casi nadie habla del Gobierno colaboracionista de Vichy. Eso tuvo un enorme coste.

J. C. Eso costó, pero permitió que Francia saliera inventándose un pasado, y sirvió también para un punto de partida como en el que aquí decimos todos como resistentes ¡Viva la Constitución!

P. Pero es un falseamiento de la propia historia en el caso francés.

J. C. Dentro de un orden, y desde luego, la transición española sí funcionó. Creo que no sería bueno aquí empezar como si nada.

J. J. Á. Esa especia de amnesia inducida colectivamente, seria tremenda.

P. Además de injusta para las víctimas.

J. J. Á. Totalmente, y además nos restaría sabiduría ciudadana y vital para entender lo que ocurre y ha ocurrido. El problema es ver la legalización como un instrumento para la paz. Prefiero ver la legalización como un fin en sí mismo, del que no van a depender, ni en un sentido ni en otro, actos de contrición o de perdón. No tengo la sensación de que porque se les haga esperar a la legalización, ese proceso vaya a acelerarse. Compruebo una tranquilidad emocional y política en ellos, no solo porque puedan tener planes alternativos. Nos hacen ver que su apuesta no va a verse enmendada por el hecho de que no llega la legalización. Lo que me perturba es que parece que les sacamos la cara democráticamente quienes defendemos todos los derechos, y, a veces, hacemos de tontos útiles. Democrática y éticamente debemos exigirles que suban el listón para ganar en credibilidad y ser unos ciudadanos más.

J. C. No es un problema de ciudadanos que se arrepientan, es un problema de que trabajen para que acabe ETA. Insisto en que el derecho y la ética y moral son cosas distintas, dentro de un orden, porque el derecho incorpora una ética y entre los valores que incorpora, si es cierto, está el pluralismo. Me parece que sería una sociedad más normal y más democrática si esta gente tuviera opción de participar. Pero ETA no es un accidente, no es una cosa menor.

P. ¿Creen que la decisión llegará a tiempo para las próximas elecciones de mayo?

J. C. Me da la sensación de que no ha habido intención de dilatar el proceso.

J. J. Á. Creo que va a haber un pronunciamiento expreso. La suspensión como medida cautelar de la concurrencia electoral despertaría menor apoyo desde el punto de vista, también, jurídico y social. Pero debe darse un pronunciamiento que aporte seguridad en un sentido o en otro.

J. C. Como otros, el Constitucional contesta a lo que le preguntan y reflexiona en base a los datos que tiene. Entonces con la jurisprudencia del Constitucional realmente se está hablando de otra cosa. Se está hablando de un partido que es ETA, y que no lo oculta con sus comportamientos. La cuestión sería ver que comportamientos se dan al Supremo y al Constitucional para decir que estos, a pesar de ello, son lobos con piel de oveja. Esto hay que argumentarlo.

P. ¿El fenómeno de Sortu puede considerarse como fruto de la derrota social política de ETA o, también, como triunfo de los demócratas?

J. C. Pues depende. Lo que quería decir precisamente es si esto es una forma tramposa de seguir manteniendo a ETA y seguir haciendo que ETA sea el árbitro en la sombra. Entonces, no habrá sido el triunfo de la democracia, sino todo lo contrario. En ese sentido agradecería y quitaría dudas, si Sortu dice: "ETA disuélvanse ustedes".

J. J. Á. A pesar de que les repugna la idea de hablar de derrota o historia, y que se llegue ahora al final del camino reivindicando lo que le estábamos pidiendo en los años ochenta, es algo que desde cualquier lógica de planteamiento como observador externo, supone una derrota de quien, teniendo lo que tenía, ha iniciado otra senda.

P. ¿Cómo puede cambiar el panorama político con la legalización o no de Sortu?

J. C. Depende qué solución se dé, y sobre todo depende que esté pasando en ese mundo, cual sea la postura del nuevo partido, y de lo que acabe siendo en relación con la existencia de ETA.

J. J. Á. Creo que la izquierda abertzale va a participar, y no lo va hacer con el voto nulo que era lo que ETA imponía. Eso sí que podemos afirmarlo con seguridad en este momento. Y eso es una victoria de la política.

Javier Corcuera

Javier Corcuera (Bilbao, 1946) catedrático de Derecho Constitucional de la UPV-EHU, ha estudiado en profundidad la Constitución, el Estatuto de Gernika y la construcción del entramado institucional vasco. Coautor del libro "La ilegalización de partidos políticos en las democracias occidentales", (Dykinson), es autor, entre otros, de "La patria de los vascos. Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco, 1876-1903, (Taurus), y de "Política y Derecho. La construcción de la autonomía vasca", (CEC).

Juan José Álvarez

Juan José Álvarez (Zumaia,1964) es catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV, abogado de Cuatrecasas y secretario del Instituto de Gobernanza Democrática (Globernance) que comparte con el profesor de Filosofía Daniel Innerarity. Ex director de la UNED de Bergara, en 2007 fue designado como experto por la Comisión Europea para las áreas de justicia civil y ámbitos de seguridad. Miembro del Consejo Vasco del Movimiento Europeo, es autor de cinco monografías y de 23 obras colectivas sobre el Derecho.

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