La izquierda 'abertzale' activa el plan b ante la posible ilegalización de Sortu
Pretende incluir candidatos 'limpios' en las listas de Eusko Alkartasuna
La izquierda abertzale trabaja en varios frentes para lograr su objetivo de participar en las elecciones municipales del 22 de mayo. Al tiempo que prepara las alegaciones ante la Sala 61 del Tribunal Supremo para responder a la pretensión de la Abogacía y de la Fiscalía del Estado de ilegalizar su nueva marca, Sortu, con la que pretende competir en las elecciones del 22-M, ha activado su plan b ante la posible ilegalización de esta formación. "De una u otra manera, vamos a estar en las elecciones", aseguran fuentes de ese ámbito político.
El plan b consiste básicamente en la inclusión de militantes con expedientes blancos -sin antecedentes violentos- de esta formación en las listas de Eusko Alkartasuna (EA) para las Juntas Generales, capitales de provincia y principales municipios. En los pueblos, la izquierda abertzale seguirá la pauta tradicional de constituir agrupaciones electorales con militantes, también con historiales limpios.
La defensa de Sortu alegará mañana en el Supremo que ha roto con Batasuna
La izquierda abertzale mantiene con EA -el partido independentista fundado por Carlos Garaikoetxea en 1986 y con representación institucional desde su nacimiento-, un compromiso político estratégico y electoral suscrito en junio de 2010. La rápida activación del plan b es una consecuencia del análisis pesimista que ha hecho de las expectativas de Sortu de cara a su presencia en las próximas elecciones municipales.
No esperaba una reacción tan hostil, por parte de los partidos y los medios de comunicación, a su decisión de presentar una nueva formación con estatutos que condenan la violencia de ETA para estar presente en las instituciones. Y teme que los tribunales terminen por sentenciar la ilegalización de Sortu.
No obstante, va a dar a fondo la batalla a favor de su nueva marca, que sigue siendo su apuesta estratégica aunque pueda ser ilegalizada por los tribunales. Mañana, martes, la representación jurídica de Sortu -que encabeza Iñigo Iruin, principal cerebro de los estatutos del nuevo proyecto de formación-, presentará las alegaciones a las demandas de la Abogacía y de la Fiscalía del Estado. Lo hará a través de un solo documento cuya filosofía adelantó el comunicado publicado por Sortu el pasado jueves.
Sortu se va a ajustar, como han hecho sus estatutos, a la Ley de Partidos y a las interpretaciones que de ella ha realizado el Tribunal Supremo, al que reclamará que "no deben exigirse rechazos no previstos legalmente, planteamientos morales o expresión de determinados sentimientos, sino única y exclusivamente actividades legales y democráticas".
Pero la clave principal de la alegación de Sortu ante la Sala 61 del Tribunal Supremo consistirá en demostrar, frente a los argumentos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que esta nueva formación supone una ruptura con la ilegalizada Batasuna, al margen de que algunos o muchos de sus integrantes sean los mismos.
Lo expresaban con claridad los puntos 2, 5 y 8 del comunicado de Sortu. El punto 8 lo resumía claramente: "Nuestra formación política supone una ruptura con organizaciones del pasado tanto por los principios y compromisos democráticos asumidos en nuestros estatutos, como por el modelo de organización y funcionamiento de la nueva estructura política".
Este punto establece las claves de la estrategia de Sortu, que tratará de demostrar su ruptura con la ilegal Batasuna a través del reiterado rechazo a la violencia de ETA, recogido en sus estatutos; a través del establecimiento de sanciones para los miembros que cometan hechos violentos; y en su propia estructura interna, democratizada, que celebrará congresos para elegir a sus dirigentes y fiscalizará su actuación con órganos homologables a los de los partidos democráticos.
La representación jurídica de Sortu alegará, previsiblemente, que la sentencia de mayo de 2007 del Tribunal Supremo sobre la marca que presentó Batasuna a aquellas elecciones no ponía trabas a la continuidad de los integrantes de Batasuna en la nueva marca, sino en que no rechazaba o condenaba la violencia de ETA, algo que sí hacen los estatutos de Sortu.
Otra clave de sus alegaciones ante el Tribunal Supremo será su compromiso irreversible con la democracia, sea o no legalizado Sortu. Lo señala el punto 5 de la nota: "Lo estratégico y sustancial es el rechazo a la violencia; lo coyuntural, sin quitarle relevancia, es la creación de un nuevo instrumento político electoral".
Mientras preparan su batalla judicial ante los tribunales, los principales promotores de Sortu han decidido establecer una política de silencio para no incurrir en errores que puedan ser utilizados contra ellos ante los tribunales. La excepción han sido los comunicados de respuesta a las alegaciones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, que utilizarán como prueba de su compromiso contra la violencia de ETA. Es probable que en las próximas semanas haya nuevos pronunciamientos en esa dirección.
El Gobierno pone sus cartas sobre la mesa
La legalidad o no de Sortu la decidirán los tribunales, que tendrán que emplearse a fondo ante una izquierda abertzale que, con sus nuevos estatutos, pretende ajustarse a la Ley de Partidos y a las distintas interpretaciones que de ella ha hecho el Tribunal Supremo.
Pero, más allá de la decisiva sentencia que los tribunales dictarán en los próximos días, el Gobierno ha puesto, esta última semana, sus cartas políticas sobre la mesa. No sólo valora la importancia del paso dado por la izquierda abertzale al rechazar la violencia de ETA. También cree en la voluntad de sus promotores de que ese rechazo es irreversible y admite las dificultades que los tribunales tendrán, con la letra de la Ley de Partidos en la mano, para ilegalizar a Sortu si es que, finalmente, lo hacen.
¿Dónde está, entonces, el problema? ¿Por qué el Gobierno ha activado a la Abogacía y a la Fiscalía del Estado para que impidan, a través de sus demandas ante el Tribunal Supremo, que la izquierda abertzale sea legal por medio de Sortu? El problema del Ejecutivo no es político y no se llama Sortu, sino que es una ETA que, aunque en tregua, tiene la pistola humeante, con asesinatos planificados hace tan solo un año. El Gobierno mantiene la tesis de que la izquierda abertzale va dando pasos cada vez más comprometidos contra la violencia de ETA, arriesgando una escisión, pero que se ha fijado el límite de no romper de modo definitivo con ella.
La tesis del Ejecutivo es que la izquierda abertzale no quiere esa ruptura total porque pretende capitalizar la historia de ETA, aunque rechace sus actuaciones desde que aprobó sus nuevos estatutos. Esto es, el Gobierno está convencido de que la izquierda abertzale no quiere, por encima de todo, que le pase lo que a Aralar, que rompió de modo definitivo con ETA en 2001 y ha quedado fuera del movimiento histórico abertzale.
De ahí que el Gobierno mantenga la presión y se oponga a la legalización de Sortu hasta que logre el cese definitivo de ETA. Pero, a la vez, quiere ofrecer algún estímulo a la izquierda abertzale para que no ceje en su compromiso contra la violencia. De ahí las declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero y de Alfredo Pérez Rubalcaba valorando positivamente los pasos dados por ese mundo radical, aún al precio de poner de los nervios a la dirección del Partido Popular.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
